La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en colaboración con la Asociación de Productores de Mejillón de A Illa de Arousa, han elaborado un estudio según el cual, en el caso de que no se llegue a solucionar el conflicto por la extracción de mejilla, la producción de los ‘bateeiros’ se verá reducida en 2023 en un 50% respecto al ejercicio anterior.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que las 3.300 bateas existentes en Galicia produjeron el año pasado 140 millones de euros, por lo que «si se mantiene el impedimento de ir a recoger la mejilla, se perderán 70 millones».
Esta pérdida, añade Abad, «va a tener un reflejo automático» no solamente en el sector mejillonero –«y no olvidemos que es la primera industria del mar en Galicia», ha recordado–, sino en el conjunto de la actividad económica de todos los municipios que viven de cara al mar.
Además de la merma del 50% en la producción, UPTA considera que el mantenimiento de la actual situación acarrearía también la pérdida de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el sector de la extracción, transformación y comercialización del mejillón, así como la desaparición de 2.500 pequeños negocios en los municipios de las rías gallegas.
COMPARABLE AL PRESTIGE
Ante esta situación, ha apuntado Eduardo Abad, «lo primero que quiere hacer UPTA es denunciar una situación que va a ser muy comparable a la que se produjo con la catástrofe del Prestige».
Para el presidente de los autónomos, la situación de confrontación entre mejilloneros y ‘percebeiros’ «nadie la entiende». Abad ha recordado que «históricamente ha habido una perfecta alineación de intereses entre ambos».
Ante esta situación, UPTA insiste en que las consecuencias del conflicto provocado por la extracción de la mejilla no se circunscriben al sector del mejillón. Su presidente asegura que «se confunde quien piense que solo es un problema de la gente del mar. Se va a paralizar la vida económica de mucha comarcas».
«¿A quién afecta este conflicto?», se ha preguntado Eduardo Abad. «Primero, lógicamente al sector extractivo, pero también a las depuradoras, al transporte, a talleres de reparación, al comercio, a la hostelería, a los mercados locales… Afecta a todo el mundo», ha relatado.
Asimismo, el presidente de UPTA ha subrayado que los 140 millones de euros anuales que en 2022 facturaron los mejilloneros «se reparten en lo que se denomina economía circular», ya que se trata de un sector «que vive y gasta en el mismo lugar en el que produce».
PARALIZAR GALICIA
Para Eduardo Abad, si estuviesen en riesgo 5.000 puestos de trabajo en alguna de las grandes fábricas que producen bienes de consumo, «la Xunta de Galicia volcaría todos sus esfuerzos para que esa fábrica no cerrara». En este sentido, ha asegurado no entender que en el caso de los mejilloneros «desde la Xunta se esté creando un problema donde no lo había».
Además, el representante de UPTA ha afirmado que su organización se pone al servicio de las agrupaciones de mejilloneros para hacer «todo lo necesario» para darle la vuelta a esta situación. «Y cuando digo todo lo necesario es todo lo que haga falta», ha incidido.
«Si tenemos que ayudar a paralizar Galicia, no nos van a doler prendas. Porque por encima de todo está defender los intereses del colectivo de os autónomos del mar, hoy seriamente dañados», ha explicado.
