Greenpeace ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo que avala la continuidad de la factoría de Ence en la ría de Pontevedra.
En un comunicado remitido a los medios este miércoles, la organización ecologista ha explicado que sus servicios jurídicos entienden que el Supremo «plantea en la sentencia una visión muy restrictiva de la protección del dominio público marítimo terrestre que le lleva a permitir concesiones centenarias con ocupación industrial del mismo».
En este sentido, Greenpeace entiende que el TS «no protege la esencia» del dominio público marítimo terrestre ni «la excepcionalidad de su ocupación» y que, por lo tanto, concluye de «forma errónea» la «inaplicabilidad» del artículo de la Ley de Costas que determina que sólo podrán permitirse actividades o instalaciones en esta franja que «por su naturaleza no puedan tener otra ocupación».
Para la organización ecologista, la fábrica pastera de Ence «incumple» esto último, lo que provoca que el Supremo haya actuado sin velar por la defensa del litoral y la protección ambiental basándose «exclusivamente en un informe ambiental de la Xunta».
También incide en que el análisis del Supremo debe considerar «los efectos de la propia ocupación física», que conlleva, según Greenpeace, «la evidente destrucción de hábitats» o «la incompatibilidad con usos sostenibles del litoral»
De este modo, ha puesto el foco en que la autorización para continuar en Lourizán hasta 2073 «va a acabar produciendo un sistema transitorio de un siglo de duración, con el impacto potencialmente irreversible sobre estos ecosistemas tan delicados», algo de lo que, como recuerdan, advierte el voto particular de la Magistrada Huet de Sande.
«Resulta anacrónico e indignante que una concesión preconstitucional, establecida durante el franquismo, sea privilegiada de esta manera gracias a un traje a medida confeccionado por el exministro Arias Cañete y su vergonzosa reforma de la Ley de Costas en 2013», continúa Greenpeace, que considera que la interpretación del Tribunal Supremo «no es acorde con la esencia de la protección del litoral».
«Todo lo que rodea el caso Ence ha olido siempre muy mal. Desde su privatización se han rebasado muchas líneas rojas, con cambios de normativas ad hoc, indignantes puertas giratorias protagonizadas por los más altos cargos de Medio Ambiente y Costas, informes ambientales muy discutibles, un incesante greenwashing e incluso el olvido de condenas por delito ecológico continuado. No podemos conformarnos con esta sentencia del Supremo», ha concluido Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.
