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Un informe de expertos apuesta por una nueva ley gallega que dé más autonomía política y financiera a los municipios

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El IV informe elaborado por la Red Localis, que engloba a expertos universitarios sobre financiación y gestión municipal, apuesta por otorgar a las administraciones locales más autonomía política y de disposición de sus recursos económicos a través de una nueva ley.

Se trata de un estudio titulado ‘Gobernanza multinivel: la normativa reguladora de la administración local desde una perspectiva autonómica’, del que fueron codirectores los profesores Concepción Campos Acuña (Universidade de Vigo) y Roberto Fernández Llera (Universidad de Oviedo) y en el que María Cadaval Sampedro (Universidade de Santiago de Compostela) ejerció como coordinadora.

Campos y Cadaval, junto con Alberto Vaquero, codirector de la Red Localis, han sido los encargados de presentar el informe este viernes en una rueda de prensa en la Facultad de Ciencias Económicas de Santiago. Este estudio, de 331 páginas y disponible ‘online’, parte de la Cátedra de Buen Gobierno Local entre la Xunta y la UVigo y se gestó durante un congreso celebrado en septiembre de 2022.

La profesora Concepción Campos lo ha enmarcado en los trabajos previos a la nueva ley de administración local que prepara el Gobierno gallego, dado que la actualmente en vigor es de 1997. En este contexto, ha indicado que los ayuntamientos y diputaciones cuentan con una autonomía «limitada» porque son las comunidades autónomas y el Estado los que se encargan de fijar su marco regulador.

Por ello, este IV informe de la Red Localis se ha publicado con la intención de que sea «un referente» para las corporaciones locales que van a tomar posesión en junio tras las elecciones del 28 de mayo. En total, España cuenta con más de 8.000 municipios, de los que 313 están en Galicia. A estos habría que sumar las diputaciones.

TRES BLOQUES

La profesora María Cadaval ha sido la encargada de detallar el contenido del estudio, en el que han participado varios investigadores universitarios y profesionales y que se divide en tres bloques. El primero de ellos es una aproximación al marco autonómico y a las competencias municipales para incidir en la necesidad de esa mayor autonomía y transparencia.

En el segundo bloque, el informe habla sobre las transiciones ecológicas pendientes y la innovación en el ámbito local, campos en los que juega un papel importante los fondos ‘Next Generation’ que llegan desde la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En este sentido, Cadaval aboga por que la gestión de las cuantías europeas esté «en un plano más próximo a la ciudadanía». En concreto, el estudio menciona el caso de Portugal, donde juegan un papel importante unas agencias municipales de promoción de inversiones.

Pero, ante las probables dificultades de los municipios más pequeños, con recursos más limitados, para echar mano de estas agencias, la profesora coordinadora del informe ha destacado que es ahí donde entran las diputaciones provinciales y las agrupaciones de ayuntamientos.

El tercer bloque del estudio se centra en la necesidad de contar con una gestión sostenible y eficiente, especialmente con la implantación de nuevas tecnologías para la atención ciudadana y la recaudación de tributos.

En este contexto, los autores apuntan hacia una «reconfiguración de las dificultades» de las entidades locales a través de consorcios, mancomunidades y fusiones de municipios, una medida que –tal y reconoce el informe– no tuvo «el éxito esperado», posiblemenete por «las importantes exigencias» de estas agregaciones «frente a otras alternativas» asociativas.

Y, sobre cómo dotar de más recursos y autonomía financiera a los ayuntamientos, Cadaval ha recordado que es la propia Constitución la que marca qué tributos son obligatorios y las autonomías «poco tienen que decir», aunque sí en cómo las entidades locales participan en sus ingresos.

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