El curso arranca en Galicia en unos pocos días y los equipos directivos se encuentran trabajando a destajo en la adaptación de aulas, instalaciones y medios a las medidas de seguridad exigidas frente a la COVID-19. A pesar de ello, la actividad se retomará en un contexto de incerteza y preocupación, con huelgas tanto de organizaciones estudiantiles como de profesorado, y con reproches de confederaciones de ANPA y de las propias escuelas al retraso de las instituciones para dotar de medios en la víspera del retorno a las clases.

La Xunta llama a la tranquilidad de las familias y de la sociedad y reivindica las medidas de su protocolo para garantizar la seguridad en las aulas, como la extensión del uso de mascarilla a partir de los 6 años, los grupos de convivencia estable y la realización de desdobles y división de grupos para poder cumplir la distancia interpersonal de 1,5 metros a partir de secundaria.

También se ha modificado el inicio de las clases para permitir una incorporación escalonada del alumnado. El 10 de septiembre lo harán 4º y 5º de Educación Infantil, de 1º, 2º y 3º de primaria y de Educación Especial, un total de 103.874 estudiantes; y al día siguiente arrancarán los de 6º de Infantil y los de 4º, 5º y 6º de primaria, unos 90.337 jóvenes.

El alumnado tendrá que llevar también otra mascarilla de repuesto y un estuche para guardarla en los momentos en que no tenga que usarla. Los servicios de comedor y de transporte contarán además con puestos fijados para cada alumno, que mantendrán durante todo el año, y separados por una distancia de 1,5 metros. A mayores, habrá un equipo COVID en cada centro que recibirá formación específica impartida por personal sanitario y que contará con un centro de salud de referencia para ofrecer asesoramiento.

Los padres tendrán que colaborar con sus hijos para detectar síntomas y realizar tomas de temperaturas domiciliarias antes de acudir al centro de forma diaria y los centros deberán hacer especial hincapié en la ventilación de aulas y espacios y en las tareas de limpieza de zonas comunes, como los baños y las aulas.

A pesar de ello, los centros están desbordados y critican la falta de tiempo y el retraso de las instituciones para tomar medidas. Francisco Lires, de la Federación de Directores de Centros Públicos, ha insistido en declaraciones a Europa Press que las instrucciones de la Xunta cambiaron «sustancialmente» con respecto al documento publicado antes del verano y los equipos directivos están «a tope», adaptando los espacios a las nuevas distancias de seguridad, y haciendo «auténticas obras de ingeniería».

«Mañana, tarde y noche», ha lamentado. A pesar de ello, todo estas acciones de última hora y el trabajo que queda por hacer, como las cartelería o los protocolos que faltan, van «en detrimento de la información a las familias». Lires reconoce que «lo más sensato» en estas circunstancias y para abrir los centros «de manera segura» y adaptados sería «retrasar el inicio del curso, como se hizo en otras comunidades», puesto que el arranque escalonado es una medida «más efectista que efectiva» y «realmente no soluciona nada».

DUDAS SOBRE LOS GRUPOS

Las Confederaciones de ANPA comparten esta incertidumbre, y cuestionan las medidas impulsadas por las administraciones. Rogelio Carballo, de Confapa-Galicia, ha advertido de que las instrucciones se fundamentan en «una cuestión muy débil», los grupos de convivencia estable sin guardar distancias de seguridad, que tendría sentido si el alumnado no interactuase fuera del horario escolar.

Desde Anpas Galegas, Fernando Lacaci ha coincidido con este argumento, puesto que es «un auténtico despropósito» someter al alumnado a un riesgo de contagio de este calibre y que rompe con los tres puntos básicos de seguridad (la distancia, el uso de máscara y la limpieza). «En primaria e infantil eso no existe», ha insistido, para advertir que «no llega con asegurar» dentro del horario escolar, sino que hay que considerar a los alumnos como individuos que se «forman parte de una sociedad», con todas sus consecuencias.

Lacaci ha lamentado, además, que no se tenga en cuenta la convivencia con personas en situación de riesgo y prevé numerosos problemas de conciliación para las familias, en las que se descarga la responsabilidad tanto de evaluar el estado de sus hijos y los posibles síntomas, como de suministrar las mascarillas y garantizar que se encuentren en perfecto estado.

Todo ello supondrá un «despropósito» en términos económicos para la situación de las familias, pero también un riesgo potencial para los grupos, sobre todo en infantil y primaria, que se unirá a un curso excepcional en el que queda pendiente la cuestión de las nuevas tecnologías, la atención a las necesidades especificas en caso de cuarentena, los contenidos pendientes del tercer trimestre y la conciliación.

CORRESPONSABILIDAD

Confapa ha advertido de que los padres están «preocupadísimos» por la situación laboral en los casos en los que se tenga que cumplir una cuarentena y en un momento en el que «aún no está todo definido», a pesar de que faltan unos días para arrancar las clases, lo que dificulta la planificación en los hogares.

Con ERTEs, reducciones de facturación o trabajos a cuenta propia, los padres todavía no saben a que van a recurrir para poder cumplir el cuidado de sus hijos con los días fijados por los protocolos sanitarios. Es por ello que Carballo insiste en que la conciliación debe estar «prevista» en las instrucciones de la Xunta, con mecanismos de actuación definidos y la garantía de servicios de atención, como los ‘madrugadores’ y de comedor. «Una corresponsabilidad por parte de la Administración», ha zanjado.

Lacaci ha añadido que estos protocolos parten de la «base errónea» de que los colegios son los que tienen que conciliar, y no las familias, una estructura social «mal organizada» y que ahora «se va abajo» con esta situación sanitaria.

Es por ello que urge contar con derechos para padres, como un permiso retribuidos, mecanismos de coordinación previstos en las instrucciones, medios «suficientes» de control, y no un mero autodiagnóstico, puesto que la situación económica de muchas familias obligará a los progenitores a no poder renunciar a acudir a su trabajo.

FALTA DE CONCRECIÓN

Los nuevos cambios introducidos por la Xunta en el protocolo para el inicio del curso ha suscitado opiniones diversas entre los representantes de los docentes. A pesar de que los sindicatos valoran la rectificación y la reacción del Gobierno gallego, echan en falta una mayor concreción tanto en la disposición de medios y de recursos humanos para garantizar el cumplimiento de los criterios y directrices de seguridad ante la COVID-19.

CIG y CC.OO, junto con CSIF y STEG, han convocado una huelga de profesorado para el 10 y 16 de septiembre, en la que reclaman una reducción de ratios y una mayor concreción y dotación de medios para poder cumplir con las medidas de seguridad en los centros.

ANPE y FeSP-UGT decidieron no sumarse a la convocatoria, pero también han solicitado a Educación que dote a los centros de los recursos humanos necesarios para poder llevar a cambo los desdobles y la separación de grupos.

El Sindicato de Estudiantes también ha impulsado su propia convocatoria de huelga estudiantil para los días 16, 17 y 18 de septiembre, que se celebrará por todo el Estado.