La Xunta de Galicia ha iniciado un expediente sancionador contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en el que propone una multa de 35.000 euros por una «falta grave» por empujar dos vagones de un tren descarrilado en Carballeda de Valdeorras (Ourense) hacia el cauce del río Sil.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, y la titular de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, acudieron este jueves a la zona para comprobar el estado de los vagones y el entorno. Un tren de mercancías descarriló el 28 de julio cerca del núcleo de Sobradelo y, dentro de las tareas para retirar la estructura, el domingo una máquina empujó dos vagones, de forma que uno llegó al río y el otro quedó volcado en el terraplén.

En declaraciones a los medios, Ángeles Vázquez, explicó que la Xefatura Territorial de Medio Ambiente en Ourense inició hoy mismo un procedimiento administrativo sancionador contra Adif como responsable de estos hechos.

Este departamento de la Xunta considera que podría haber una infracción administrativa grave tipificada en la legislación gallega como «abandono, vertido o eliminación de cualquier tipo de residuos no peligrosos», para la que se prevén multas de entre 901 y 45.000 euros, aunque en este caso se propone la cantidad de 35.000 euros.

Esto, dijo Ángeles Vázquez, «no quiere decir que, avanzada la investigación, y si los residuos se pudieran considerar muy peligrosos, esa sanción no se pudiese encarecer». Además, agregó, se ha adoptado «una medida cautelar» para Adif proceda «lo antes posible», una vez obtenidos los permisos pertinentes, a retirar los vagones y «que sea un gestor de residuos el que posteriormente se haga cargo de los mismos».

La conselleira de Medio Ambiente destacó que «no hubo ninguna notificación» de lo que se iba a hacer ni a la comunidad autónoma ni al ayuntamiento y que «sorprende» que este sea el proceder de una administración pública: «Si le exigimos a cualquier ciudadano, autónomo o empresario que cumpla la ley, qué menos que nosotros, como administración, dar imagen y cumplir con esa ley».

«IRRESPONSABLE E INDIGNANTE»

«Es irresponsable e indignante que se realicen este tipo de acciones y que la imagen de Galicia, a través de los medios que se hicieron eco, sea esta», añadió Ángeles Vázquez, que afirmó que la Comunidad «destaca» por su calidad ambiental.

Estos días la Xunta reclamó que alguien le diese «una explicación», que aún no ha obtenido, y abrió la investigación sobre los hechos que ahora da lugar «a la notificación» de la sanción, prosiguió. Ahora anima a que Adif presente «los informes necesarios» y a que todas las administraciones actúen «de la mano» y con «buena fe».

«IMÁGENES INSÓLITAS»

En el mismo sentido, la conselleira de Infraestruturas calificó las imágenes de «insólitas» y de «sorprendente» lo que está ocurriendo y criticó que Adif no haya dado explicaciones por lo ocurrido ni haya aclarado cómo va a proceder. Las administraciones públicas, defendió, deben ser «las primeras» que sean «responsables» con lo que se les pide cumplir también a los ciudadanos.

Además, aprovechó para criticar los retrasos en la llegada del AVE a Galicia y para pedir la implicación de Adif para que haga gestiones para conseguir fondos europeos para el corredor atlántico de mercancías. Esta es «una oportunidad única» que «no se debe perder» y en la que hay «proyectos muy maduros», defendió.

LA AXEGA PUSO EN CONTACTO A LAS PARTES

Por otra parte, la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) aclaró en un comunicado que «no autorizó ni solicitó la caída de los vagones» del tren al Sil, sino que «tan solo se limitó a poner en contacto a las instituciones implicadas». Hizo esta precisión en respuesta al comunicado de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que explicó este miércoles que el domingo por la mañana recibió una llamada de la Axega en la que se comunicaban los planes de Adif.

La agencia destacó que «la finalidad del servicio de emergencias 112 Galicia es poner en contacto directo a los organismos competentes» y «nunca se toman este tipo de decisiones», salvo para el caso de que exista un plan de Protección Civil activo.