La asociación ecologista Adega ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la intervención para retirar unos vagones de la vía del tren en Carballeda de Valdeorras (Ourense), que acabó con uno de ellos en el río y otro volcado en el terraplén entre las vías y el curso fluvial.

La estructura, de gran tonelaje, «está compuesta por metales de diverso tipo» y «podría contener materiales o sustancias que son muy peligrosas para el ecosistema acuático, como es el amianto». Además de esto, el vagón altera «la morfología del lecho y la dinámica natural del río» y «podría constituir un elevado riesgo para la seguridad de las personas y de las infraestructuras que se encuentren río abajo».

Aunque el vagón no tuviese carga, según ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la asociación ecologista ha destacado que los aceites, hidrocarburos y líquidos lubricantes de los engranajes «pueden contaminar las aguas» y afectar a la flora y la fauna del entorno y también poner «en riesgo» la salud pública.

Adega explica que en las imágenes «ya se aprecia» que la vegetación de ribera está «visiblemente afectada» por la caída abrupta del vagón ladera abajo. Su impacto, agrega, podría haber generado «un grave impacto sobre la fauna de ribera» que habitualmente se resguarda en las orillas de los ríos.

En las imágenes se ve cómo una máquina excavadora empuja los dos vagones y uno de ellos se desliza por el terraplén, mientras que el otro queda volcado sobre la pendiente al lado de la vía. Los vídeos que lo muestran se han vuelto virales, dice Adega, «por el carácter impactante y desconcertante» de lo que se ve, que es «propio de otros tiempos en los que los ríos eran considerados vertederos».

SIN AUTORIZACIÓN

La asociación considera que estos hechos «contravienen todo el marco normativo vigente» en materia ambiental, de residuos, de planificación hidrológica y de protección de las aguas. Además, las actuaciones en dominio público hidráulico requieren autorización previa del organismo responsable de la cuenca, en especial «tratándose de actuaciones de elevado riesgo» para las personas y el medio ambiente.

«Parece que la empresa pública se saltó todo el marco regulador y procedimiento administrativo legal para proceder ‘por las bravas’, de forma improvisada y sin medir las consecuencias sobre el entorno», critica Adega, que considera que esto puede ser «una infracción muy grave» hecha «a propósito o sabiendo que podría causar graves perjuicios».

Responsables de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil indicaron que el organismo ya había advertido a Adif de que no permitiría volcar los vagones decarrilados sobre el Sil, «lo cual no impidió que la entidad ferroviaria siguiese con sus planes», critica la organización ecologista.

Además de pedir que la Fiscalía investigue si hay delito, Adega reclama al Ministerio de Transportes que «dirima responsabilidades» y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que abra «el oportuno expediente sancionador e inste a actuar a la Fiscalía».