La Xunta ha localizado las comunicaciones de nacimiento de la pintora vanguardista Maruja Mallo (1902 – 1995) y del periodista y político galleguista Ramón Villar Ponte (1881 – 1936). El hallazgo se ha producido durante los trabajos de clasificación y ordenación del archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Viveiro (Lugo), municipio del que procedían.

Ambos documentos ya han sido trasladados al Arquivo Histórico Provincial de Lugo para su conservación y puesta a disposición de la ciudadanía, según informa el Gobierno gallego a través de un comunicado.

Tal y como explica la Xunta, la comunicación de nacimiento era «un documento necesario» para la inscripción en el Registro Civil de los niños y niñas que acababan de nacer. Aunque estas se hacían inicialmente en los ayuntamientos, a partir de la ley provisional del Registro Civil de 1870 –vigente hasta 1957– pasaron a los juzgados.

Esta norma establecía que debía presentarse al niño ante el funcionario encargado del registro dentro de los tres días posteriores a su nacimiento. En los casos en los que se temiese un daño para la salud del bebé, señalaba que sería el propio funcionario el que se trasladaría para llevar a cabo la inscripción.

En concreto, estaban obligados a hacer la presentación el padre, la madre, el pariente más próximo, un facultativo, una partera o, en su defecto cualquier persona que presenciase el nacimiento. Este último es el caso de la declaración de Maruja Mallo, ya que está firmada por un vecino de la localidad.

Los documentos fueron localizados durante los trabajos de organización del archivo enmarcados dentro del plan de expurgo de la administración de justicia puesto en marcha por la Xunta, con el objetivo de «congestionar las instalaciones judicialers y organizar la documentación» para que quede «catalogada y ordenada».

Además, este plan incluye la identificación de aquellos documentos anteriores a 1946 o de interés histórico para trasladarlos a los correspondientes archivos. En este contexto, la catalogación permite una posterior gestión ante una junta de expurgo, que valora si los ejemplares se conservan o se destruyen.

Durante el transcurso de este plan, se han trasladado o eliminado más de un millón de expedientes de los juzgados gallegos y se han retirado más de 100 toneladas de piezas de convicción, de acuerdo con datos de la Xunta.