El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) evaluará este viernes la demanda de la población de As Conchas, en Ourense, por la «inacción» de las administraciones frente a los vertidos de ganadería industrial

La vista llega después de que el día 5 de junio se prohibiese el baño en el embalse después de que la Dirección Xeral de Saúde Pública activase el nivel 3 de riesgo debido al alto volumen de cianobacterias, por lo que existe una «alta probabilidad de efectos adversos para la salud» en caso de contacto.

Así, este nivel se activa cuando el volumen de cianobacterias supera los 8 mm3/l o la presencia de bacterias es alta, o se detectan espumas y ‘natas’ de cianobacterias en áreas donde puede haber contacto directo con los bañistas y existe riesgo de ingestión y/o aspiración.

Según ha trasladado la asociación Amigas de la Tierra, este viernes nueve demandantes, entre ellos siete vecinos, la Asociación de vecinos de As Conchas y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, llevarán al Gobierno autonómico y demás autoridades públicas ante los tribunales gallegos, por la presunta «mala gestión de la contaminación generada por la ganadería intensiva».

En este sentido, han explicado que las entidades encargadas de aprobar estas instalaciones «están obligadas», por la legislación española y europea, a «proteger el agua y el suelo de la zona, incluso cuando toman decisiones sobre la autorización de explotaciones ganaderas intensivas».

«GRAVES IMPACTOS SOBRE LA SALUD»

No obstante, han asegurado, «año tras año se han autorizado cientos de explotaciones de ganadería industrial» junto al río Limia, «a pesar de los graves impactos ambientales y sobre la salud que representan». Por ello, han afirmado que «los residentes se sienten expuestos a graves riesgos para la salud»; ni siquiera pueden abrir las ventanas en los días calurosos debido al «hedor insoportable de la contaminación».

La asociación ha comunicado que, «a pesar de todas las evidencias sobre la contaminación» y los «intentos fallidos» por parte de la comunidad para que las autoridades tomen medidas, estas han asegurado, según su versión, «que el agua es segura para bañarse».

Tal y como han destacado, esta es la «primera demanda en la que un tribunal en Europa juzga el impacto sobre los derechos humanos fundamentales de las explotaciones ganaderas intensivas y la contaminación que provocan en el agua».