El pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos a favor del PPdeG y el rechazo de la oposición, la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, una norma con la que, para BNG y PSdeG, la Xunta busca el «greenwashing» o «teñir de verde» su política, pero tras la cual impulsa, según coinciden, «más privatización».

El PP, por su parte, defiende una ley con la que el Gobierno gallego intenta «facilitar la implantación de todos aquellos –proyectos– que cumplan» con los requisitos medioambientales.

Tras su paso por la Cámara, el texto final incorporó nueve enmiendas: una de los populares, cinco del Bloque y tres de los socialistas, dos de estas últimas transaccionadas.

En su intervención este martes, la portavoz del PSOE gallego en el debate, Patricia Iglesias, ha acusado al grupo mayoritario de «pasar la apisonadora», pues sus enmiendas «cayeron en saco roto» y «de 34 aceptaron dos que son méramente cosméticas, de estilo».

Cinco de 67 son las que se sumaron de los nacionalistas, según ha señalado el diputado José Manuel Golpe, quien, como Iglesias, ha hablado de «oportunidad perdida» con esta ley que ven un «cajón de sastre» y «una ensalada con todos los ingredientes».

Ante las críticas, el parlamentario Alberto Pazos, ha reivindicado las «importantes aportaciones por parte de la sociedad civil», que ha ilustrado con «67 alegaciones incorporadas al articulado».

Por su parte, ha acusado a la oposición de querer «eólica sin molinos, minería sin minas e industria sin factorías». «No existe una fuente de energía que no suponga ningún tipo de impacto ambiental», ha subrayado.

LA COMERCIALIZADORA

En paralelo con la ley que aprueba este martes el Parlamento, la Xunta presentó a finales del pasado año la sociedad mixta Recursos de Galicia, y recientemente también dio a conocer la comercializadora de energía con la que pretende rebajar el coste de la luz para empresas y vecinos de zonas afectadas por, por ejemplo, parques eólicos.

«Ni es pública, ni es social, ni es gallega», avisó tajante la diputada del PSdeG Patricia Iglesias, quien, como a continuación el portavoz del BNG en el debate, ha apuntado a la posibilidad de que la comercializadora incurra en prácticas contrarias a las normas de competencia –en concreto, se han referido al ‘dumping’ o venta a pérdidas–.

En su turno, Pazos ha constatado que «no les gusta lo público-privado» para, a continuación, reprochar a la oposición que, sin embargo, «en cada ocasión que tuvieron la oportunidad de gobernar recurrieron» a esta fórmula.

CAMBIOS EN EL EÓLICO

También han sido protagonistas este martes las referencias a los cambios en la planificación eólica que el Ejecutivo autonómico pretende a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025.

Iglesias (PSOE) ha atribuido a la Xunta una «autoenmienda» de su política en este ámbito y ha visto en ello una «muestra de un Gobierno del que no se puede uno fiar, por su incoherencia». Además, ha recordado que son ya «60 los parques suspendidos» por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

«Llegan tarde, mal y arrastro y muestran un desprecio absoluto del debate parlamentario», ha incidido.

Por parte del Bloque, Golpe ha cargado contra las medidas que contiene la ley que sale aprobada, puesto que en opinión de su grupo «trazan un rumbo hacia la destrucción del país vestido de beneficios». Son, ha subrayado, «medidas pensadas para que haya más privatización de los recursos y más discrecionalidad» por parte de la Xunta.

En un contexto de «tercera revolución industrial», el diputado popular Alberto Pazos ha valorado que Galicia la afronta «por primera vez desde una posición de privilegio» al disponer de recursos para la generación de energía renovable. «Desaprovechar esa circunstancia constituiría un ejercicio de irresponsabilidad», ha concluido.

Asimismo, ha reiterado que «los proyectos continuarán estando sometidos a las máximas exigencias ambientales» y ha indicado que «ni una sola de las enmiendas» de la oposición «estaba dirigida a reforzar las garantías ambientales».

SIN INTERVENCIÓN DE LA CONSELLEIRA

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, no ha tomado la palabra al término del debate, como suele ocurrir cuando tiene lugar la votación definitiva de un texto legal, y ha sido después del segundo punto del orden del día, el relativo a una iniciativa legislativa popular, cuando el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha indicado a la oposición que «si lo tienen a bien» intervendría durante «tres minutos».

Por parte del BNG, Olalla Rodil ha comentado que esto sería «una anomalía absoluta» y ha dicho que su grupo se mantiene en la interpretación «estricta» del reglamento de la Cámara.

En el mismo sentido, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha considerado que «no procede» y la conselleira «debería renunciar» a su turno, por «sentido común y rigor».

El popular Pazos ha tomado la palabra para destacar que la titular de Economía e Industria, «además de voz, tiene correo electrónico y solicitó su intervención en el cierre» del debate, pero «por un error de la Presidencia» no tuvo la oportunidad de hablar.

Ha sido en ese momento cuando Santalices ha preguntado a un letrado de la Cámara, quien le ha señalado que «no procede». «En el futuro haremos uso de esta estricta aplicación del reglamento», ha añadido el diputado del PP entonces.