El vicepresidente segundo de la Xunta en funciones, Francisco Conde, ha asegurado que la Administración autonómica «velará por que cualquier impacto» que genere el proyecto de la compañía Altri en el municipio lugués de Palas de Rei «respete la normativa vigente».
«Cualquier actividad económica genera impactos, pero deben ser acordes con la normativa actual», ha señalado Conde este viernes en Palas, donde ha mantenido un encuentro con el regidor del municipio, Pablo Taboada, para abordar los detalles del proyecto de la empresa portuguesa para instalar una fábrica de fibras textiles en la comarca de A Ulloa.
Allí, el máximo responsable del área económica del Gobierno gallego –en funciones desde hace una semana– ha avanzado la solicitud, remitida por carta, para mantener una reunión con la vicepresidenta primera del Ejecutivo central, Nadia Calviño, de cara a abordar las líneas y apoyos al proyecto de Altri en Palas.
Tras incidir en que la planta será «el dinamizador de la economía local y de toda la provincia», Conde ha abundado en que el proyecto aumentará la demanda «no solo de materia prima sino de toda una industria complementaria» y permitirá el desarrollo «de nuevas empresas de productos y servicios».
Además de la solicitud para encontrarse con Calviño, la Xunta también ha enviado peticiones a las ministras de las áreas temáticas que abarca la iniciativa empresarial: la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Así las cosas, ha expresado que confía en que el Ejecutivo estatal «tenga la misma confianza» en el proyecto que el Gobierno gallego.
TRAMITACIÓN «GARANTISTA»
Francisco Conde ha defendido que «este y todos los proyectos industriales» pasan por la tramitación de informes y evaluaciones para medir sus «impactos» en distintos ámbitos, por lo que ha remarcado que «habrá garantías» de que el desarrollo de las actividades se lleve a cabo «con las mejores tecnologías» para que dichos impactos sean «lo menores posible»
«La administración velará por que cualquier impacto respete la normativa vigente», ha incidido Conde.
