El conselleiro do Medio Rural, José González, ha criticado el decreto para la gestión de los purines en las explotaciones ganaderas presentado por el Gobierno central, ya que considera que «no está adaptado» a las características del sector ganadero en Galicia, lo que hace «inviable» su aplicación en varios aspectos.

Este sábado, el titular de Medio Rural ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre las alegaciones que presenta la Administración autonómica a una nueva normativa de la que discrepan también sobre el momento en el que se aprueba.

Así, la Xunta cree que «no es el momento» de sacar adelante el decreto al estar abierto el debate en la Unión Europea sobre la defición de la Política Agraria Común (PAC) para los próximos siete años.

En resumen, José González ha asegurado que la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «no tiene en cuenta las particularidades» de Galicia, como el tamaño de sus explotaciones, la orografía, los cauces fluviales o la atomización de las parcelas.

Por todo ello, la Xunta ha elaborado una veintena de alegaciones al texto de la Administración central en el que también aprecian «errores de cálculo» en aspetos como las emisiones ligadas al sector del vacuno, que están «muy sobrevaloradas, un «30%» por encima de las que, según Medio Rural, se producen en realidad.

«Malamente podemos exigir una rebaja cuando está mal calculada», ha señalado González, que ha advertido también de las dificultades que tendrán las explotaciones para implantar medidas desde el punto de vista logístico, con la orografía gallega actuando como ‘hándicap’, y también económico pues, dice, será preciso renovar maquinaria para cumplir con las directrices del decreto.

En este sentido, solicitan que la nueva normativa se aplique «de forma gradual» y «adaptada a cada territorio», además de que se contemplen líneas de ayuda para financiar los equipos que tendrán «una disponibilidad limitada» en el mercado y que se encarecerán como consecuencia del aumento de la demanda.

GRADUACIÓN

Otra de las alegaciones presentadas por el Gobierno gallego radica en la reclamación de que se aplique de forma «gradual» la prohibición de usar productos a través de sistama de plato, abanico o cañó, pues consideran que debería empezarse por las explotaciones de mayor tamaño y extenderse en un período de dos años a las pequeñas.

Asimismo, también solicitan que se atienda este criterio de gradualidad para la implantación de las obligaciones en función del tipo de explotación, desde las granjas de porcino como responsables de mayor volumen de emisión a las de vacuno.

Por último, en cuanto a la orografía y tamaño de las parcelas, la Administración autonómica reclama que queden exentas las inferiorse a una hectárea y las que presenten una superior a un 15%.