La Fiscalía y la Plataforma de Afectados pola Hepatite C han presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña tras desestimar el juez Andrés Lago Louro un recurso de reforma previo contra su decisión de archivar las actuaciones de la causa sobre la Hepatitis C en la que estuvieron investigados dos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas).
En concreto, Félix Rubial y Carolina González-Criado fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación durante su etapa como director de Asistencia Sanitaria y subdirectora de Farmacia, respectivamente. La causa era el supuesto retraso de tratamientos a pacientes con Hepatitis C por «razones presupuestarias».
Lago Louro, como titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago, llevó el caso y decretó, a finales de noviembre, el archivo de las actuaciones. «No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes sea imputable causalmente a los investigados», alegó, además de remarcar que «el fallecimiento sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos».
Tras este paso judicial, tanto la Fiscalía como la Plataforma de Afectados pola Hepatite C presentaron recurso ante el propio Juzgado de Instrucción, cuyo titular se ha reafirmado en sus argumentos.
De hecho, en el auto que desestima el recurso de reforma de los afectados, al que ha tenido acceso Europa Press, Lago Louro insiste en que de los testimonios en los que hace hincapié la acusación particular –los de los doctores Evaristo Varo y Esther Molina– «no se infiere en absoluta una carga probatoria de carácter inculpatorio», sino «discrepancias mostradas por ambos sobre los criterios médicos y procedimientos establecidos por el Sergas» para regular el acceso de los pacientes a los entonces nuevos fármacos para combatir la Hepatitis C.
«Y, en todo caso, en lo que se refiere a los posibles retrasos, nada se dice en dichos testimonios por la simple razón de que son totalmente desconocedores y ajenos a la tramitación administrativa de tales peticiones», agrega.
Por último, destaca que la facultad del instructor –frente a lo que sostiene la acusación particular– «no se limita exclusivamente a la búsqueda de indicios con vistas a la futura apertura de un juicio oral», sino también a «evitar innecesarios juicios».
«GRAN CARGA PROBATORIA EXISTENTE»
Frente a esta decisión de desestimar el recurso de reforma, fuentes de la Fiscalía han confirmado a Europa Press que ésta ya ha presentado un nuevo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, paso que también ha dado la Plataforma de Afectados pola Hepatite C.
El recurso de los afectados, al que ha tenido acceso Europa Press, insiste en que hay «una gran carga probatoria existente», por lo que el juzgador de instrucción «no puede proceder al sobreseimiento de la causa». Esgrime que existen «indicios razonables de culpabilidad acreditados por numerosas testificales» y cita a Varo y a Molina, que «expresaron rotundamente los graves problemas que tuvieron a la hora de acceder a los fármacos».
Pero también cita otras declaraciones que «ratifican el retraso en el suministro de los fármacos (…) y que aportan elementos indiciarios de la responsabilidad de los investigados por los delitos imputados» y cuya valoración «es totalmente omitida en el auto de sobreseimiento».
Sobre las potestades del juez instructor, insiste en el «principio básico de la doble intervención judicial» y apela a las distintas características de la fase de instrucción en relación a la «fase propia del enjuiciamiento».
RECURSO DE APELACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL
En cuanto a las competencias de los investigados, el recurso presentado por la Plataforma se remite al recurso de apelación del Ministerio Fiscal, que «con meridiana claridad» desarrolla «cuáles eran las competencias de los investigados como miembros de la subcomisión que decidía sobre los tratamientos de la Hepatitis C, «que distan mucho de las recogidas en el auto de sobresimiento».
También hace suyos los argumentos del Ministerio Fiscal en relación al desarrollo de los hechos «y a la existencia de indicios suficientes para la continuación del procedimiento».
Así las cosas, solicita al Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago que se tenga por presentado el escrito y por interpuesto el recurso de apelación, con el fin de que expida los testimonios y remita todo ello a la Audiencia Provincial solicitando la revocación del auto de noviembre que archiva las actuaciones.
