Unións Agrarias (UU.AA) reclama a las administraciones «ayudas directas» al sector cárnico gallego para aportar liquidez a las 10.700 explotaciones ganaderas familiares de Galicia y así «compensar la pérdida de ingresos y el coste de mantenimiento de las explotaciones hasta el 31 de diciembre de 2020».

Este miércoles el secretario general de la organización, Roberto García, ha reclamado la inyección de liquidez para sostener a las familias que dependen de este sector, ya que según los cálculos de la organización este año se dejarán de ingresar 36 millones de euros y cada explotación perderá una media de «7.000 euros para garantizar la alimentación de sus animales».

Ahora que el proceso de desescalada ha avanzado, Unións Agrarias ha puesto de manifiesto «la grave situación» a la que se enfrenta el sector cárnico en Galicia que, para sobrevivir, un ganadero «no solo no tiene garantizado el Salario Mínimo Interprofesional, sino que tiene que gastar sus ahorros para alimentar al ganado».

En este sentido, García ha subrayado varios problemas que afrontan las explotaciones al reabrirse el mercado de ganado. Los ganaderos están viendo como un becerro se paga a 200 euros menos de lo que valía antes de la crisis sanitaria y no encuentra «justificación posible» para que así sea.

De hecho, «no hay razones económicas» que puedan explicar «que toda la crisis económica se descargue en el eslabón más débil» de la cadena alimentaria como son las explotaciones, ni tampoco encuentra justificación a «la falta de compromiso político para explicar que en una situación de esta gravedad» se incremente «el problema» con el cuestionamiento «del propio consumo de carne y de las explotaciones familiares».

CAÍDA DE PRECIOS

«No se puede permitir que estas explotaciones desaparezcan», ha añadido el secretario general. Además, ha acusado a la Xunta y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del «doble discurso vigente durante la pandemia», que al principio consideraba al sector cárnico como «estratégico» y actualmente «asumen» que las explotaciones no tienen ingresos y no «ponen en marcha medidas para responder a la situación real del mercado».

Desde Unións Agrarias también han señalado que «no puede ser que la caída del sector de la restauración recaiga en aquellos que no tienen ingresos» y que «están pagando una crisis de la que no son responsables».

Por este motivo, reclaman también que las administraciones no permitan «pagar por debajo de los costes de producción» y denuncian que según lo estipulado un kilogramo de carne de ternera suprema corresponde entre 5,10 y 5,30 euros, pero que en Galicia no se paga a más de 4,20 euros.

FONDOS EUROPEOS Y PROPIOS

La situación que relata la organización ha motivado su reclamación a la Administración autonómica para «habilitar con la máxima premura el presupuesto necesario para salvar a un sector fundamental», para «afrontar gastos, cubrir rentas y evitar cierres y el abandono del rural».

En concreto, piden que se utilicen recursos propios procedentes de los fondos de emergencia de la Xunta para paliar las consecuencias de la crisis sanitarias y también la «reconducción» de los fondos europeos, en forma de ayudas directas a las 10.700 explotaciones que figuran como profesionales en base a vaca nodriza en Galicia.

Asimismo, han instado al Gobierno gallego a «actuar con la previsión precisa para garantizar la continuidad de estas ayudas hasta su renovación en el próximo periodo de programación de los fondos Feader de Desenvolvimiento Rural» y así «evitar que las explotaciones queden sin ellas en el periodo transitorio».

UN PROBLEMA «ESCANDALOSO»

De hecho, UU.AA ha recalcado que «del futuro de estas explotaciones depende el abastecimiento de carne del mercado nacional», así como «la supervivencia de 212.000 hectáreas de pastos y que dado que el consumidor no ha visto cambios en el precio, «el silencio no puede ocultar un problema que en otro sector sería escandaloso».

En última instancia y para evidenciar el problema, han insistido en la idea de que sería impensable que «en Galicia hubiese 10.700 familias que fuesen a trabajar y que la empresa no les pagase», para ellos es algo que «no puede permitirse ni mantenerse en el tiempo».