La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha condenado a 4 años y 9 meses de prisión a M.A.R.T., un joven acusado de maltratar de manera habitual y de violar a su pareja durante al menos cuatro años, entre 2014 y 2018, momento en el que la víctima logró contar lo sucedido.

El juicio se ha resuelto mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, por el que el acusado ha reconocido en su integridad los hechos recogidos por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.

El acusado, M.A.R.T., del partido judicial de Vilagarcía de Arousa, no ha querido declarar ante el tribunal presidido por la magistrada Nélida Cid.

La Fiscalía ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de drogadicción y reparación del daño, ya que en el momento en el que ocurrieron los hechos el procesado «tenía afectadas sus facultades intelectivo-volitivas por el consumo de sustancias estupefacientes» concretamente cannabis y cocaína. Además, antes de la celebración de este juicio oral el acusado consignó la cantidad de 4.500 euros para el pago de la responsabilidad civil.

En virtud del acuerdo al que han llegado el fiscal, el abogado de la acusación particular y el letrado de la defensa, el acusado acepta una condena de 3 meses de prisión por el delito de maltrato habitual, además de 1 año de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima en un radio no inferior a 500 metros.

Por el delito continuado de agresión sexual es condenado a 4 años y 6 meses de prisión con la pena accesoria de 5 años de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima y otros 5 años de libertad vigilada.

Por cada uno de los 3 delitos de lesiones se le condena a 20 días de trabajos en beneficio de la comunidad y 1 año de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima en los mismos términos que ya fueron citados.

Por último, por los 2 delitos de coacciones graves la pena impuesta es de 6 meses de multa con una cuota diaria de 2 euros y como accesoria 1 año de prohibición de comunicación y acercamiento.

En concepto de responsabilidad civil por las lesiones y los daños morales derivados de la comisión de estos delitos el condenado tiene que indemnizar a la mujer en 4.500 euros.

SUSPENSIÓN DE LA PENA

La defensa del acusado ha pedido la suspensión de la condena, una petición a la que Fiscalía y acusación particular no se oponen «siempre y cuando cumpla con el programa específico de tratamiento del maltrato y lleve buena evolución en él y no haya ninguna regresión», ha puntualizado el representante del Ministerio Público.

Sobre la suspensión de la pena se pronunciará el tribunal en la redacción de la sentencia que fijará la condena en los mismos términos en los que se ha conformado y que será firme sin que contra ella quepa recurso.

HECHOS PROBADOS

Según recoge el escrito de acusación y ha admitido el ahora condenado, durante esa relación que mantenía con la víctima y de forma cada vez más intensa según iba avanzando el tiempo, «el procesado ejerció sobre su pareja constantes actos de violencia psíquica y física, consistentes, entre otros, en insultarla y menospreciarla, amedrentarla con agredirla o decirle que iba a difundir fotos y videos de ella de contenido sexual, propinarle bofetadas, golpes y patadas, tirones de pelo», señala el fiscal, que añade que lo hacía «con el ánimo de controlarla y someterla a su voluntad».

El Ministerio Público añade que «en muchas de las ocasiones en las que la víctima le manifestaba al procesado que no quería mantener relaciones sexuales, éste la emprendía a golpes con ella hasta que, normalmente, acababa cediendo por miedo o para que cesasen los golpes».

Inicialmente la Fiscalía pedía penas que sumaban 22 años de cárcel, por delitos de maltrato, lesiones, coacciones y agresión sexual y una indemnización de 12.570 euros por las lesiones y daños morales causados.

PRIMER JUICIO EN LA AUDIENCIA

El de este jueves ha sido el primer juicio que se celebra en la Audiencia de Pontevedra después de un parón de dos meses a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19.

Todas las personas presentes en la sala de vistas han tenido que usar la mascarilla, por ser el primer día obligatorio, y guardar una distancia de seguridad en los banquillos. El fiscal y los abogados no han vestido la característica toga y los bancos estaban marcados para distanciar al público.

Debido al aforo de la Sección Cuarta se permitió acceder a cinco personas de público, y por los medios de comunicación a una fotógrafa, un cámara y cinco redactores.