Vox asegurado haber recibido ya permiso para manifestarse este sábado en ocho capitales de provincia españolas, mientras que espera poder hacerlo en Madrid y denuncia el veto recibido en Cataluña y Castilla y León.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha hecho este recuento en rueda de prensa tan solo cinco días antes de la convocatoria realizada por el partido para que los ciudadanos salgan a la calle en sus vehículos particulares a protestar contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus.

Según ha indicado, el partido ha recibido ya autorización expresa para sus ‘caravanas por la libertad’ en las ciudades de Cáceres, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara y A Coruña.

Mientras, han rechazado la petición las subdelegaciones del Gobierno de Cataluña y Castilla y León, una decisión que Vox ya ha adelantado que recurrirá ante los tribunales de justicia confiando en que sea revocada.

Buxadé ha apelado a su trayectoria como abogado del Estado para mostrar su confianza en la decisión de la justicia, ya que no comtempla que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manifestación en unos puntos de España y no en otros.

En cuanto al resto de provincias donde aún no han recibido respuesta, Vox confía en poder celebrar su manifestación con normalidad por «silencio positivo» de la administración, que Buxadé ha asegurado que se obtiene a las 72 horas de haber registrado la solicitud.

En Madrid, donde el partido quiere que la caravana móvil recorra el paseo de la Castellana, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, dijo que no tendría «inconveniente» en autorizar protestas contra el Ejecutivo siempre que «se preserve la salud manteniendo la distancia social y cumpliendo la ley».

Buxadé ha subrayado que las marchas del próximo sábado son las únicas convocadas formalmente por Vox, aunque ha mostrado el respaldo del partido a las protestas «espontáneas» que se están celebrando en las calles de numerosas ciudades.

De hecho, la rueda de prensa virtual ha comenzado con imágenes de estas protestas. «Es la imagen de una España que se pone en pie, que grita libertad», ha celebrado Buxadé apuntando que mientras «la izquierda» del país «vive ajena a la realidad» y «escondida en sus mansiones de Galapagar».

A su juicio, estos ciudadanos están mostrando su «indignación» por no conocer los criterios que hacen que lleven 60 días confinados, por las subvenciones concedidas por el Gobierno a los medios de comunicación, por la paralización de la actividad parlamentaria o por la paralización de la actividad económica y la cuarentena impuesta a los turistas que visiten España.

«No son ricos, son españoles indignados ante la deriva tiránica totalitaria y de mentiras de este Gobierno», ha ensalzado asegurando que Vox siempre estará al lado de quienes «no tienen voz». «De quienes están en situación de dificultad, de los débiles», ha repasado insistiendo en el derecho a los derechos de manifestación y reunión siempre que se cumplan las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Un ejemplo de ello es el caso de Madrid, donde ha denunciado que sus vecinos no conocen los criterios técnicos que hacen que permanezcan en la fase 0 de desconfinamiento mientras provincias limítrofes sí que han empezado a retomar su actividad.

«No han salido Sánchez ni Iglesias a explicárselo. En cambio sí mandan a sus segundos espadas a insultar a los españoles que se manifiestan en las calles con libertad reclamando la dimisión del Gobierno y libertad política y personal», ha denunciado.

INDIGNACIÓN EN AUMENTO

Con este escenario, Vox está «convencido» de que la «indignación» de los ciudadanos crecerá «de forma exponencial» durante los próximos días y las protestas se extenderán a ciudades donde los vecinos aún no han salido a la calle.

A su juicio, estas protestas crecerán aún más tras la prórroga del estado de alarma que el Gobierno quiere volver a solicitar al Congreso, previsiblemente de un mes, y a la que Vox volverá a votar en contra.

Buxadé ha insistido en que España se encuentra en un régimen de excepción encubierto y es una «trampa» que el Gobierno no cuente con otros mecanismos constitucionales para regular la desescalada. Entre ellos ha citado la Ley de Seguridad Nacional, la de Salud Pública o la de Protección Civil, que ha asegurado que permitirán aislar a los enfermos «sin necesidad de restringir derechos y libertades fundamentales».

«El Gobierno está haciendo política en el mal sentido de la palabra. Política partidista y sectaria para protegerse a sí mismo u no la vida, la salud y el empleo de los españoles –ha aseverado–. Hay muchos mecanismos legales perfectamente válidos y eficaces sin necesidad de restringir ningún derecho fundamental».