El Defensor del Pueblo ha propuesto a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y a la Dirección General de Tráfico (DGT), que estudien la viabilidad para la creación de un registro nacional de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Según indica la Institución en su Informe Anual de 2019, este registro serviría para que las administraciones pudieran comprobar, con mayor celeridad, la autenticidad y vigencia de las tarjetas expedidas en todo el territorio nacional.

Esta petición, cuyo expediente se encuentra en trámite, la realizó el Defensor del Pueblo el año pasado porque las denuncias de algunos usuarios en relación a la validez o comprobación de la tarjeta en comunidades autónomas donde no fue expedida. Y esta «situación suele darse con relativa frecuencia», según señala el Defensor.

La Institución relata el caso de una beneficiaria de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, que se dirigió al Defensor del Pueblo lamentando las dificultades con las que se encontraba cuando viajaba a otra comunidad autónoma diferente a la que había expedido su tarjeta de estacionamiento. En su caso concreto, la tarjeta se había expedido en Torrelodones (Madrid) y la Policía local del Puerto de Santa María (Cádiz) no la consideraba válida.

Según recuerda el Defensor, el artículo 4 del Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, establece que «las tarjetas de estacionamiento concedidas por las administraciones públicas competentes tendrán validez en todo el territorio español sin perjuicio de su utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que los respectivos órganos competentes tengan establecido en materia de ordenación y circulación de vehículos».

Fue esta ciudadana la que trasladó al Defensor del Pueblo la propuesta de crear un registro nacional de estas tarjetas de estacionamiento que, a su vez, el Defensor remitió a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y a la DGT.

Según la Institución, «el problema derivaba de la imposibilidad de una Administración para poder comprobar los datos de una tarjeta de estacionamiento expedida por otra comunidad autónoma, a los efectos de otorgar una autorización de circulación por un área de circulación restringida».

Este supuesto también fue planteado por una ciudadana gallega que expuso su disconformidad con la actuación del Ayuntamiento de Madrid en la tramitación de su solicitud de autorización para su hijo, titular de una Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida (TEPMR), para circular en el Área de Madrid Central.

El menor tenía reconocida por la Xunta de Galicia un grado de discapacidad del 65%, y se le exigía la tramitación presencial de la solicitud. Pero no constaba la TEPMR del menor en su base de datos, por estar expedida por otro ayuntamiento y no poder realizar el correspondiente cotejo, exigiendo al administrado o a su representante, desplazarse de Galicia a Madrid, a los solos efectos de que el consistorio pudiera comprobar la autenticidad y vigencia de la tarjeta de estacionamiento.