Parte de los agentes de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) que hasta el momento prestaban sus servicios en seguridad del Parlamento de Galicia y de la sede de la Xunta en San Caetano dejarán de hacerlo en las próximas semanas. Un «reajuste» del que la Xunta culpa al Ejecutivo central, por no «reforzar» la unidad de la Policía autonómica como, de manera reiterada, se le ha demandado desde Galicia.
En las próximas semanas, debido a este «reajuste», estos agentes se dedicarán a otras actuaciones en las que trabaja la Policía autonómica, como la protección de las víctimas de violencia machista.
La protección de menores, prevención e investigación de incendios forestales, medio ambiente o lucha contra el furtivismo son otras de las tareas que tiene encomendadas la Policías Adscrita.
El propio Sindicato Unificado de Policía, crítico con esta decisión, emitió un comunicado este miércoles en el que alertaba de que esta decisión implicaría el refuerzo por la vía de la seguridad privada. En concreto, ha incidido en que la seguridad «del máximo órgano de representación de la voluntad ciudadana de Galicia va a estar privatizada».
Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han confirmado el paso y han recordado que el Ejecutivo que lidera Alfonso Rueda advierte desde «hace tiempo» que la «ausencia de respuestas» por parte del Gobierno a las peticiones de la Administración autonómica para «llegar a un acuerdo consensuado que permita completar» la plantilla de la Policía adscrita obligaría a «tomar decisiones».
«OBLIGACIÓN DE HACER REAJUSTES»
El propio conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, antes del verano, recordó por carta al Gobierno que, «ante la falta de pronunciamiento, de no resolverse dicha situación, la Xunta se vería en la obligación de hacer reajustes».
Previamente otros pasos e incluso reuniones tampoco habían fructificado. Una situación que provocó las quejas del propio presidente gallego, Alfonso Rueda, y de otros dirigentes de la Xunta que ponían el acento en que, mientras en Galicia no se completa una plantilla con un déficit de 155 agentes, se comprometía la ampliación para Cataluña «de hasta 25.000 mossos en 2030».
