El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha acusado al PSOE, al PP y a Vox de amparar las supuestas corruptelas que se atribuyen a Juan Carlos I y de «legitimar socialmente la corrupción» con su negativa a que la Mesa del Congreso tramite las iniciativas destinadas a recabar información sobre las noticias que afectan a ex jefe del Estado.
Así ha reaccionado Rego tras conocer que estos tres partidos han impedido con sus votos que el órgano de gobierno de la Cámara tramite las preguntas que registró con el objetivo de que el Gobierno le explicara si piensa tomar alguna medida después de que el supuesto testaferro del Rey Emérito, Arturo Fasana, haya declarado ante un fiscal suizo que depositó en una cuenta de aquel país 1,7 millones de euros que el padre de Felipe VI habría recibido del sultán Bahrein.
«Estamos delante de una sucesión de informaciones que comprometen la poca credibilidad que queda a una monarquía ya profundamente desprestigiada», argumenta Rego, para quien no investigar este tipo de consultas equivale a «tapar» las actuaciones corruptas que se atribuyen a Juan Carlos I. «Sigue siendo necesario investigar, tanto en el ámbito político como judicial para determinar las responsabilidades y consecuencias a que hubiere lugar», remarca el diputado nacionalista.
TAMPOCO LAS COMPARECENCIAS QUE PEDÍA LA CUP
En su última reunión además de la iniciativa de Rego, la Mesa del Congreso vetó la tramitación de las registradas por la CUP para que la Comisión ‘anticorrupción’ de la Cámara llamara a comparecer al Rey Felipe VI y a su padre para explicar esas supuestas «actividades irregulares», unas comparecencias que sí fueron respaldadas por Unidas Podemos.
Siguiendo el criterio de los letrados, la Mesa del Congreso inadmitió esa petición por exceder de la función de control parlamentario que tiene el Congreso dada la inviolabilidad que la Constitución establece para el Rey en su artículo 56.3: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».
Además de la presencia de los Reyes, la CUP pretendía llamar también al Congreso a los tres ministros del PP que en 2014 acompañaron a Juan Carlos I en ese viaje a Bahrein, Pedro Morenés (Defensa), Ana Pastor (Fomento) y José Manuel Soria (Industria), de los que sólo la expresidenta del Congreso sigue en primera línea política. La Mesa del Congreso también lo rechazó por tratarse de personas particulares que ya no forman parte del Gobierno y que, por tanto, no están sometidas a control parlamentario.
Esquerra Republicana también se había interesado por el caso de Barhein, pero en su caso optó por registrar una serie de preguntas de Gabriel Rufián animando al Gobierno a investigar ese caso supuestas comisiones o, al menos, dar órdenes a la Fiscalía para que abra diligencia.
Todas las preguntas han salvado el filtro de la Mesa salvo una que pretendía conocer los efectos de «la presunta actitud de la Casa Real» en la imagen del Estado, ya que los servicios jurídicos también la consideraban ajena al control parlamentario del Gobierno.