El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confiado en que «en dos meses» todo el personal público de la Xunta «esté trabajando» y ha destacado que «muchísimos» lo siguieron haciendo desde sus casas, a través de las medidas de teletrabajo habilitadas.

«Esto no quiere decir que durante estos dos meses no se estuviese trabajando: se estuvo trabajando. Hay que poner en valor el teletrabajo y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías que permitió que muchísimos trabajadores estuvieran haciendo su labor, pero desde casa», ha añadido el vicepresidente, en referencia a sus palabras.

Este lunes han comenzado las actuaciones preliminares que permitirán la incorporación gradual de los empleados públicos al trabajo presencial, siguiendo así el protocolo aprobado el pasado viernes por el Consello de la Xunta, y al que se han sumado todos los sindicatos con presencia en la mesa sectorial.

Durante una visita a Pontevedresa Group, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que el protocolo será «flexible» y seguirá la evolución de la epidemia. Y, «por encima de todo», su «máxima prioridad» será garantizar la salud de los trabajadores.

Concretamente, las actividades preliminares que comienzan este lunes son una fase de preparación en la que se estudiarán los espacios disponibles y cómo organizarlos para garantizar la distancia de seguridad de dos metros.

De esta forma, se identificará al personal con despacho propios y los espacios que cumplen las garantías. En aquellos que no se cumplan, se evaluarán reorganizaciones o dotación de elementos de separación.

También se consultará con el personal su disponibilidad para teletrabajar o reorganizar los turnos, en el caso de que fuese necesario por motivo de afluencia de personal. Precisamente, la extensión del teletrabajo ha sido una de las cuestiones que los sindicatos han logrado introducir en el plan de desescalada cuya extensión más allá de la pandemia está previsto que se negocie.

UNA SEMANA

La estimación inicial de las actuaciones de desescalada es de una semana. Así pues, antes de pasar a la etapa dos el próximo lunes 18 de mayo, habrá que hacer una evaluación de este primer periodo antes de seguir el proceso, que deberá autorizar también el Consello de la Xunta. En cada fase se irá incorporando distinto personal, de forma que la vuelta será escalonada.

Una vez que comience la primera fase, se incorporará a los jefes de servicio o puestos equivalentes y aquel personal que, por sus funciones, no puede teletrabajar, siempre y cuando su puesto de trabajo cumpla los dos metros de seguridad. Seguirán acudiendo los trabajadores de los servicios esenciales como hasta el momento.

Tras al menos dos semanas, y si todo avanza con normalidad, a partir del 1 de junio empezaría la segunda fase. En ella volverá el personal que, sin estar incluido en la primera, tenga espacio propio (como un despacho), así como los trabajadores de las oficinas en las que se cumplen los dos metros de separación entre trabajadores.

La tercera fase, que podría comenzar el 15 de junio, será para todo aquel personal que no pudo incorporarse en las anteriores, y después de haberse realizado los ajustes necesarios en los puestos de trabajo para que se garantice la distancia mínima de seguridad.

A todas estas incorporaciones, hay que añadir la excepción de aquel personal que presente algún tipo de enfermedad o afección que implique su consideración como grupo vulnerable y que serán los últimos en incorporarse.

Estas etapas son estimadas. Se fija una duración de dos semanas, como mínimo, para cada una de ellas, pero podrá variar en el caso de que las recomendaciones de las autoridades sanitarias y la evolución de la epidemia recomienden ampliarlas. De hecho, está prevista la constitución de una comisión de seguimiento con los sindicatos para tratar las revisiones que sean necesarias.

PROTECCIÓN

La determinación de los grupos vulnerables y la graduación de riesgo de los puestos de trabajo se realizarán de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que fija como grupos vulnerables a las personas con enfermedad cardiovascular / HTA, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento activo, mayores de 60 años y embarazo.

En el protocolo también se incluyen pautas de protección individual y colectiva, como la obligatoriedad de que todo el personal público se revise la temperatura antes de ir a trabajar, tenga síntomas o no; lal obligatoriedad de higienizar las manos antes de entrar en los edificios, el fomento del uso de medios telemáticos para evitar en lo posible desplazamientos; y pautas de limpieza y de circulación en los edificios.

DENUNCIA CIG CONSELLERÍA EDUCACIÓN

Mientras arranca la incorporación del personal público, la CIG ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la consellería, coincidiendo con la incorporación a los centros educativos de más personal a partir de este lunes para poder atender la fase final del plazo de admisión en centros escolares.

Para la central sindical, la decisión de Educación de programar la apertura de los centros escolares es «inaceptable» porque «no se negocia, como es preceptivo»; «no se trata de un documento normativo, sino de unas recomendaciones», pese a lo que se recoge que se aplicarán las indicaciones que figuran en una guía de actuación preventiva ante el coronavirus en el ámbito de la administración general, publicada en el DOG del 17 de abril, y que excluye expresamente al personal de los centros educativos.

La CIG también ha advertido de que «dificulta» las «posibles dispensas» de asistencia a los puestos de trabajo para el personal que forme parte de un grupo vulnerable, ya que apunta a que la dirección del centro emitirá un informe para acreditar la imposibilidad de realizar la adaptación del puesto de trabajo o la dotación de las protecciones necesarias.

«Es dilatar en el tiempo y burocratizar el procedimiento ordinario consistente en que la persona vulnerable haga una solicitud al servicio de prevención, que la exima de incorporarse al puesto de trabajo», apunta este sindicado.

CIG-Ensino exige que se dote a los centros de los equipos de protección y que la administración se encargue de la compra, y no sean los equipos directivos los encargados de esta gestión. Asimismo, reitera la petición de que no se produzca la reincorporación del personal si no existen todas las garantías y acusa a la Xunta de dispensar «peor trato al personal docente que al resto de la administración general», que, con «independencia» de las formas, cuenta con un protocolo publicado en el DOG.

POLÍTICA SOCIAL Y RECONOCIMIENTO

En esta jornada, UGT también ha solicitado a la Consellería de Política Social que se negocien protocolos específicos para la reincorporación del personal en el ámbito de este departamento y del Consorcio de Servizos de Igualdade e do Benestar, enmarcado en la posibilidad que el protocolo general otorga para negociar documentos concretos para ámbitos como este.

Por otro lado, la Federación de Servizos de CC OO pide un «reconocimiento» para el personal de servicios no esenciales que ha trabajado durante el estado de alarma, tanto telemáticamente, como presencialmente, para que la Administración «no parase».

Así, ha destacado que, detrás de las dependencias asistenciales sanitarias y sociales, «está toda una organización, en muchos casos invisibilizada y poco valorada», que es la «responsable» de asegurar los suministros a los centros, los pagos a proveedores y la tramitación de las nóminas. «Y detrás de cada ERTE, hay trabajadores tramitando el expediente con la celeridad que corresponde para garantizar los recursos económicos lleguen a sus destinatarios sin demora», ha sentenciado.