El sindicato UGT ha alertado de la debilidad de la prevención laboral que se evidencia con la crisis sanitaria del coronaviurs y ha recordado que en los dos primeros meses de 2020 hubo 4.600 accidentes laborales en Galicia, en los que se registraron 10 fallecidos.
Así lo ha manifestado en un comunicado remitido a los medios con motivo de la celebración, el próximo 28 de abril, del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo y en el que ha señalado que a lo largo de 2019 un total de 32.651 trabajadores sufrieron accidentes en Galicia, siniestros en los que se produjeron 62 muertes.
El sindicato ha destacado que «no se va a cansar de denunciar» las condiciones de trabajo que están en el origen de esta problemática especialmente en un «mercado laboral marcado por la precariedad» y ha abogado por realizar propuestas de cambio en la normativa y nuevas políticas que permitan mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores.
UGT, que señala que este 28 de abril «no va a ser igual», sostiene que la crisis de la COVID-19 evidencia su demanda histórica de que la salud laboral «siempre debió formar parte de la salud pública». «Esta crisis ha demostrado nefastos resultados en un sistema de prevención de la salud mercantilizado», ha manifestado.
Asimismo, la organización sindical considera que los recortes en materia de prevención registrados en los últimos años, desde la crisis del 2008, «también se pagan hoy en esta crisis» y asegura que la pandemia acabó por «arrasar» la prevención que ya funcionaba como «un negocio», con la externalización de su gestión y la mínima regulación del mercado por parte de las administraciones.
SERVICIOS DE PREVENCIÓN
En este contexto, el sindicato critica las limitaciones demostradas por los servicios de prevención a la hora de establecer medidas preventivas para limitar las exposiciones al virus, órganos que «se limitan a tramitar documentación» en lugar de hacer una «verdadera prevención».
Además, UGT advierte de que en el caso de los servicios de prevención ajenos, señala que hay técnicos que tienen hasta 200 empresas a su cargo.
Ante estas cuestiones, el sindicato considera necesaria una mayor presencia de las instituciones pública y reclama una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y trabajo, tanto en la Xunta como en el Gobierno central.