La Fiscalía Superior de Galicia ha sumado varias denuncias presentada por la Federación Galega de Asociacións de Usuarias e Familiares de Usuarias de Residencias (REDE) a las diligencias preprocesales civiles que ya mantenía abiertas en centros de mayores en el contexto de la crisis del coronavirus.

Así lo ha dictado el Fiscal este lunes en un decreto en el que traslada la incorporación de esta denuncia a las diversas Fiscalías Provinciales y de Área, que son las encargadas de realizar el seguimiento exhaustivo de los geriátricos, tanto públicos como privados, por indicación de la Fiscalía General del Estado.

De esta manera, a estos contactos que el Ministerio Público venía haciendo, se suman por lo menos tres denuncias penales presentadas el pasado lunes por el presidente del colectivo cangués Vellez Digna y a su vez secretario de REDE, Francisco Xosé Bernárdez Solla.

En concreto, una de estas denuncias está dirigida a un total de 42 geriátricos de la Comunidad gallega que cuentan con casos de COVID-19, mientras que otra acusa únicamente a los centros del Grupo DomusVi y, más directamente, a su CEO en España, Josefina Fernández Miguélez.

A estas dos se suma una tercera contra el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidadede la Xunta, Ildefonso de la Campa Montenegro; el subdirector xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, Fernando González Abeijón; y contra la jefa de Inspección de Maiores e Discapacitados, Berta Besada. A ellos, REDE les acusa de delitos de denegación de auxilio, abandono, omisión de socorro con resultados de muertes y lesiones, de forma dolosa y con prevaricación.

Además, las tres denuncias registradas ante Fiscalía, con fecha a 13 de abril, solicitaban que se enviase a la policía judicial a los centros para comprobar si cumplen los protocolos, a recabar pruebas de los delitos denunciados y a tomar declaración a los trabajadores y familiares de los usuarios.

Ahora, estas denuncias de REDE han sido remitidas a las Fiscalías Provinciales y de Área, explican fuentes del Ministerio Público, «para que las incorporen» al seguimiento que ya realizaban para recabar información «sobre la situación de cada centro, personas fallecidas, medidas adoptadas para evitar propagación, seguimiento de protocolos, situaciones de necesidad planteadas y cualquier otra información que las direcciones consideren oportuno transmitir».

NO IMPLICA DILIGENCIAS PENALES

Esta incorporación a las diligencias civiles se da con independencia de que «puedan incoarse futuras diligencias penales», aunque en este caso no ha ocurrido, como sí pedían los familiares de los usuarios.

Además, indican estas mismas fuentes, esta actuación tampoco cierra la puerta a que haya nuevas denuncias «si se entiende que hay nuevos indicios o informaciones» que Fiscalía deba conocer.

De acuerdo con el último balance ofrecido por la Consellería de Política Social, con datos actualizados a última hora de este domingo, los geriátricos gallegos cuentan con 843 usuarios y 340 trabajadores que se han contagiado de coronavirus.

Además, hasta el momento han muerto 103 mayores con COVID-19 en el interior de los centros y otras 98 víctimas están relacionadas con ellos –han fallecido bien en hospitales o bien en residencias integradas–.