Falta de personal y condenas por vulnerar derechos laborales, sobreocupación, alguna sentencia más puntual por negligencias y un total de 33 expedientes sancionadores de la Xunta en lo que va de esta Legislatura, que echó a andar en octubre de 2016. Son puntos que dibujan el mapa de carencias que ya había en las residencias gallegas antes de que la crisis sanitaria del coronavirus las situase en el foco.
Así lo ratifican fuentes jurídicas, sindicales y de la Administración gallega consultadas por Europa Press. Todas coinciden en que no se pueden convertir los «fallos» detectados en una causa general contra un sector que, por su parte, defiende su labor y pide tener en cuenta el carácter «sanitario» de la crisis del COVID-19, así como su especial incidencia letal en los mayores, antes de caer en juicios errados.
Premisa que comparte el subdirector de Inspección de Servicios Sociais en la Xunta, Fernando González, quien incide en que «las residencias no son hospitales». «Es algo que conviene recordar ahora con esta crisis, tienen sus instalaciones y personal con características propias de lo que son, centros para que los mayores puedan vivir», ha subrayado, en declaraciones a Europa Press.
El hecho es que, al igual que en el resto de España, en Galicia las residencias, con centenares de contagios y un alto número de fallecidos, siguen siendo uno de los principales focos de preocupación del COVID-19. A día de hoy la Xunta se ha puesto al mando de cinco de ellas: la residencia Porta do Camiño (Santiago), la de Fundación San Rosendo en Baños de Molgas (Ourense), la DomusVi Cangas, la DomusVi Barreiro y Nuestra Señora de Fátima (O Barco de Valdeorras).
Las dos primeras han sido habilitadas para recibir a usuarios de estos centros que padezcan la enfermedad y las otras tres, intervenidas.
33 EXPEDIENTES SANCIONADORES Y DOS CIERRES
Pero más allá de la incidencia y letalidad del virus en los mayores, según datos facilitados por la Consellería de Política Social, las residencias acumularon en Galicia un total de 33 expedientes sancionadores en los últimos tres años y medio.
En dos casos finalizaron con cierres de centros, el último de ellos este mismo mes, cuando se decretó la clausura cautelar de las viviendas comunitarias Burón I y II, en A Fonsagrada (Lugo), tras constatar las malas condiciones de los ancianos que residían en ellas. Antes, en 2017, la Xunta ordenó también el cierre de la Residencia Valle Inclán, en Vilanova de Arousa (Pontevedra).
En su último informe presentado (que corresponde a 2018) y consultado por Europa Press, el Valedor do Pobo hace referencia al cierre de la Valle Inclán y constata que hubo «diferentes quejas, unas relacionadas con la situación de los residentes» y otras por cuestiones laborales. Pero lo que llevó a ordenar la clausura fue «la falta de licencia para el ejercicio de la actividad».
PERSONAL, SOBREOCUPACIÓN Y ALGUNA NEGLIGENCIA
Entre las causas de los expedientes sancionadores, el subdirector de Inspección apunta al incumplimiento de la ratio de personal que trabaja en el centro, a la «falta de mantenimiento» de instalaciones o a situaciones «de sobreocupación».
Uno de los casos de «sobreocupación» que trascendió y por el que se abrió expediente es el de una residencia de Pazos de Borbén (Pontevedra) en 2017. La CIG, según publicaron varios medios, llegó a afirmar que el centro «escondió en un galpón» a varios ancianos, aunque la dirección negó este extremo de forma tajante.
Al margen de casos concretos, las incidencias que plantea Fernando González coinciden con las detectadas por el Consello de Contas en un informe específico sobre geriátricos gallegos que realizó en 2017 (e incorpora datos de 2015 y 2016) y que remarca las carencias de personal.
Fuentes sindicales consultadas por Europa Press ratifican esta problemática y también aluden a las condiciones laborales, con varias sentencias favorables sobre la mesa. De especial relevancia, apuntan desde CC.OO., es la inclusión del plus de asistencia en la retribución del mes de vacaciones, ratificada en su día por el Tribunal Supremo.
Al margen de los problemas de personal, Contas también avisa del «uso inadecuado de las instalaciones» y de la «falta de rigor de los registros», entre otras carencias. Y da un dato: en 2015 el plazo medio de trámite del procedimiento para el reconocimiento del derecho a una plaza residencial en Galicia fue de 453 días, «muy por encima» de los seis meses que determinaba la ley vigente.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press avalan el peso de las sentencias de personal, pero también hay sentencias puntuales por negligencia o trato inadecuado a usuarios que, recuerdan, tiene responsabilidad penal para el trabajador y civil para el centro.
EL SECTOR REIVINDICA SU LABOR
Las distintas fuentes consultadas confirman que se detectan más deficiencias en el sector privado gallego, pero también el número de plazas es mucho mayor (de las 22.000 que hay, solo unas 4.000 son públicas). Aunque no faltan voces –la oposición suele ser un altavoz habitual– que alertan de este tipo de gestión.
Y es que los fondos de inversión se han fijado en el volumen de negocio de los geriátricos y se han lanzado a comprar. Ocurrió con la gallega Geriatros, ahora DomusVi, con varios centros entre los más afectados por la crisis del coronavirus. Voces del sector privado, en cambio, defienden la gestión «profesional», la «transparencia» con las familias –pese a las quejas que ha habido, precisamente, en la pandemia– y avisan de que «las excepciones no son la norma».
Pero también reconocen que había problemas antes del COVID-19 y creen que la crisis del coronavirus, más que para «criminalizar» la gestión de las residencias, debería favorecer mejoras en el modelo. Entre las voces más significativas en Galicia en el ámbito representativo del sector privado están la Asociación Gallega de Residencias Privadas de la Tercera Edad (Agarte) y Acolle, que aglutina a los centros de iniciativa social.
En distintas entrevistas, el presidente de Agarte, José Manuel Pazos, ha defendido públicamente la problemática de la falta de plazas, por ejemplo. Un estudio del estatal Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), al que está ligado la patronal gallega de residencias, incide también en el incumplimiento de la ley de dependencia por comunidades (en Galicia recalca que la incidencia es mayor).
Pazos también ha alertado en diversas publicaciones del sector de la falta de «implicación» del sistema sanitario, cuando hay un cambio en el perfil de usuarios de los geriátricos: en los años 90 se podían demandar más servicios similares a los de un hotel, pero ahora los mayores tienen más edad y un grado de dependencia también más elevado. La cualificación del personal y las dificultades para retenerlo son otros hándicaps que desde el sector se han puesto encima de la mesa.
En declaraciones a Europa Press, la secretaria técnica de Acolle, Lorena Martínez, tiene una visión similar e incide en que el personal más cualificado también exige un mayor coste. Y las plazas de sus centros, recuerda, tienen «un precio bastante asequible», ya que son entidades «sin ánimo de lucro», por lo que el margen es limitado.
También apela a una mayor coordinación sociosanitaria y remarca su satisfacción con la actuación de la Administración. «Tarden un poco más o algo menos, siempre que les planteamos un problema, nos ayudan», asegura, al tiempo que incide en lo que cuesta hacer centros públicos, comprensiva con el ritmo lento con el que se intenta paliar la falta de plazas. Ejemplo de ello son las siete nuevas residencias para las principales urbes gallegas anunciadas años atrás y que aún no funcionan.
