El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha señalado la necesidad de que las empresas que obtuvieron «grandes beneficios» recientemente eviten la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) dado el coste que conllevan para las arcas públicas.
Durante una rueda de prensa telemática, el regidor ha realizado estas declaraciones en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la tramitación de un ERTE de fuerza mayor, al que seguirá otro ordinario tras la reactivación de la actividad, en la planta con la que cuenta PSA Peugeot Citroën en la ciudad.
Sin embargo, Abel Caballero ha rechazado pronunciarse a ese respecto tras apuntar que «desconoce» la situación económica de las distintas empresas. «Sé que (la planta viguesa del grupo) PSA iba a batir un récord (de producción de vehículos este año), pero no sé cuál es su situación (económica)», ha zanjado.
Así, tras insistir en la necesidad de «respetar» las decisiones empresariales, ha apuntado que no considera correcto «censurar» la aplicación de expedientes, ya que entiende que las compañías que han optado por esta medida lo han hecho porque resultaba «imprescindible».
Del mismo modo, ha sugerido que sería positivo para la economía del país que algunas empresas «pospusiesen» la tramitación de estos expedientes y, así, realizasen «una contribución al espacio común». En esta línea, ha recordado que la aplicación de estas medidas conlleva que parte de los impuestos se destinen a asumir su coste.
Asimismo, ha valorado que Inditex haya optado por mantener el pago del salario de sus trabajadores y ha reconocido su «esfuerzo» en este sentido, así como las donaciones de material de protección contra el COVID-19 que ha realizado.
AMPLIACIÓN DE PLAZOS
En otro orden de cosas, ha criticado la orden de la Consellería de Economía, Emprego e Industria publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) por la que se amplió el plazo máximo de resolución y notificación de los expedientes aplicados por la crisis sanitaria.
Abel Caballero ha explicado que esta decisión conlleva que las personas a las que se les ha aplicado esta medida «tardan más en cobrar» la prestación, lo que supone que algunas familias no dispongan de capacidad económica para adquirir alimentos. Por ello, ha instado al Gobierno gallego a que estudie una medida que permita evitar la ampliación de plazos, que se incrementó en diez días el pasado 3 de abril.
