La causa procesal abierta contra la residencia de A Fonsagrada tratará de determinar si existió «maltrato habitual y continuado» a los residentes de las viviendas tuteladas de Burón I y Burón II, que la Xunta clausuró la semana pasada.
Tras la sesión en el Juzgado de primera instancia e instrucción de A Fonsagrada (Lugo) para la toma de declaraciones de once personas, la jueza ha determinado que la causa sigue en fase instrucción para aclarar si los 29 usuarios de los dos centros sufrieron maltrato y si se efectuó un delito contra los derechos de los trabajadores.
En la cita de este jueves han declarado ante la jueza cuatro trabajadoras y tres personas vinculadas con la dirección del centro en calidad de investigadas, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Las mismas fuentes han precisado que la magistrada tomó la decisión de que las siete declarasen en como investigadas para «una mejor garantía de sus derechos». Durante la misma sesión, también se le ha tomado declaración como testigos a otros cuatro profesionales del ámbito de la geriatría y gerontología que no están relacionados con el centro.
Ahora que la jueza ya ha recogido todos los testimonios de las once personas llamadas a declarar, el caso sobre el presunto maltrato de mayores en estas viviendas tuteladas seguirá su curso en fase de instrucción. Una vez finalice y se determine el auto, la Fiscalía presentará sus peticiones ante el poder judicial.
En todo caso, el estado de alarma alargará este proceso debido a que algunas de las diligencias abiertas no se podrán investigar hasta que finalice la orden de confinamiento que se aprobó con el Real Decreto anunciado el pasado 14 de marzo.
TRASLADO A A FONSAGRADA
Mientras tanto, las personas 29 personas afectadas serán reubicadas en distintos centros de Galicia. Cinco de ellos podrán ingresar en la residencia Rois del municipio, según ha confirmado la Diputación de Lugo.
El resto están siendo trasladados a una residencia de O Carballiño por la Consellería de Política Social, después haber recibido el alta en el Hospital Lucus Augusti, donde fueron ingresados tras el cierre preventivo de ambas viviendas tuteladas.
Los cinco mayores que se quedarán en la residencia pública del municipio –cuando la Xunta lo autorice– son naturales de A Fonsagrada. En este sentido, el presidente de la Diputación, José Tomé, ha explicado que de esta manera la institución pretende facilitar que estas personas «sigan cerca de sus familiares, vecinos y amigos y puedan mantener el arraigo a su tierra».
Por todo ello ha mostrado su predisposición a colaborar con el Gobierno gallego para efectuar los ingresos y ha recordado que la Diputación «dispone de recursos humanos y técnicos para hacer efectivo el ingreso de una manera personalizada y adaptada a las necesidades y condiciones físicas de estas personas». El objetivo ahora es «salvaguardar en todo momento su bienestar y velar por su tranquilidad», ha añadido Tomé.
SITUACIÓN DE GRAVEDAD
Las propuestas y decisiones de las diferentes administraciones de Galicia han surgido como reacción al caso de presunto maltrato que denunció una persona anónima a través de fotografías y vídeos en las que se mostraban las condiciones en las que estas personas estaban viviendo.
A pesar de que las residencias solo tenían capacidad para 23 personas, en ellas vivían 29 mayores. A esto se suman las malas condiciones que obligaron a la Xunta a tomar parte, clausurar este centro y remitir el caso a la Fiscalía para iniciar una investigación judicial.
Afortunadamente, se ha actuado con rapidez desde que los servicios sociales del municipio remitieron la denuncia a la Consellería de Política Social el pasado 7 de abril. Ahora será el poder judicial el que determine cuáles son los hechos probados que puedan afectar a los directivos, dueños y trabajadores del centro.
