Por otra parte, la CIG ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social contra la Consellería de Política Social por la llamada para trabajar en la residencia de mayores ‘Nuestra Señora de Fátima’ de O Barco –intervenida por la Xunta– a seis auxiliares de cuidados de centros educativos «sin ninguna experiencia ni formación en atención a mayores».

En este sentido, la central nacionalista asegura que Política Social «no proporcionó formación en prevención de riesgos laborales» para trabajar con infectados por coronavirus en un centro que, a pesar de ser intervenido por la administración tras detectar un centenar de casos entre usuarios y personal, mantiene «la misma dirección».

Así, creen «cuestionable» que el «responsable del centenar de contagios» que supuso la intervención de la Xunta se encargue «de la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales, si las hay».

En cuanto a las trabajadoras, la CIG afirma que llegaron al centro el pasado jueves 8 de abril. Según la central, que aporta el testimonio de las empleadas, recibieron un pijama y un EPI «con apenas cinco minutos de presentación y sin explicación de su colocación».

Tampoco, continúan, les dieron formación «específica» sobre las tareas a desempeñar «y mucho menos» formación de prevención de riesgos laborales.

AGENTES SOCIALES

Por otra parte, la CIG cree que la articulación de un comité de expertos para diseñar la salida a la crisis del coronavirus anunciada por la Xunta supone «un desprecio» a las instuciones sociales «creadas a tal fin», como son el Consello Económico Social (CES) y el Consello Galego de Relacións Laborais (CRGL).

En un comunicado, el secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, ha incidido en que entre las fuciones del CES y el CRLG están las encomedadas a este comité, por lo que «habría que respetar las atribuciones» a estas entidades.

Así, ha recordado que en el CES y el CRLG participan agentes socioeconómicos, organizaciones sindicales y representantes de la sociedad civil y sus fuciones son ejercer como órgano consultivo y asesor de la Xunta en el campo económico y laboral.

Por todo ello, considera que la Xunta debe contar con estos organismos, cuyas «recomendaciones no quiso atender en diversas materias», para estudiar medidas a implantar para salida de la crisis del coronavirus.