Más de 160 empresas y organizaciones de toda España, entre ellas, el Sindicato Labrego Galego y varios grupos de investigación de universidades y asociaciones gallegas, han demandado «soluciones» para los mercados no sedentarios de proximidad mediante una carta remitida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Así, han reclamado que se dicten instrucciones a las distintas administraciones para que «busquen soluciones» ante la interpretación «excesivamente restrictiva» que entidades locales y autonómicas están haciendo de las prohibiciones establecidas con motivo del estado de alarma por el coronavirus.

Las organizaciones piden que se permitan el acceso controlado a estos mercados, así como que se regulen las condiciones de higiene y seguridad sanitaria necesarias para evitar la propagación del COVID-19 en los mismos. De este modo, han apuntado, se aspira a «mejorar el derecho a la alimentación y a una nutrición adecuadas a toda la población por medio de estos canales».

En el escrito remitido al ministro también se solicita que se permitan los traslados a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos, además de autorizarse los desplazamientos de ganado trashumante y transterminante.

OTRAS MEDIDAS

Además, se ha instado a las administraciones a priorizar los productos locales en la compra pública realizada para abastecer a hospitales, centros de mayores y comedores sociales, entre otros, así como a trasladar a la sociedad la importancia de apostar por el pequeño comercio. En la misma línea, se ha propuesto que se incentive la reapertura o la creación de mataderos municipales «para facilitar la venta directa y los canales cortos de distribución (de productos locales)».

En este sentido, las organizaciones firmantes de la carta han señalado la necesidad de potenciar y flexibilizar la concesión de registros sanitarios a ganaderos «para facilitar la venta directa de sus productos».

Adicionalmente, se ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de medidas fiscales, como la exención del pago de autónomos, para apoyar a los pequeños productores y compensar las pérdidas derivadas de la crisis sanitaria. Asimismo, las entidades firmantes han insistido en la necesidad de que los intermediarios paguen «un precio justo» a los productores.

Finalmente, han pedido que se comunique, tanto a las Comunidades Autónomas como a ayuntamientos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y a la sociedad en su conjunto, «la importancia, ahora más que nunca, del papel fundamental de las personas productoras y el pequeño comercio» en la alimentación y sostenimiento de los agroecosistemas. A ello se suma, en consecuencia, la importancia de consumir productos «lo más locales y frescos posible.