El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, considera que las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes «desprotege» a los trabajadores por «fomentar» los expedientes reguladores de empleo temporales (ERTE), lo que «genera antecedentes» y «facilita que en los próximos meses pueda haber, donde no se produzcan ahora, despidos en masa».
A través de un comunicado, el líder de la central sindical nacionalista tacha de «insuficiente» lo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, porque está «muy lejos de lo que se está haciendo en otros estados europeos».
En este sentido, Paulo Carril cree que «la fórmula de fomentar los ERTE con las modificaciones introducidas», como la de eximir del pago de cotizaciones a las empresas que no despidan, se basa en las reformas laborales «lesivas» e incluso las «actualiza».
«No se van a impedir así los despidos que ya se están produciendo, por mucho que se presenten los ERTE o reducciones de jornada como fórmula para evitarlos», añade el sindicalista.
Asimismo, el secretario xeral de la CIG apunta a UGT y CC.OO. y les acusa de «ser promotores de estas injustas medidas», porque los expedientes reguladores de empleo temporales «no preservan los ingresos» de los trabajadores ni garantizan «la integridad de los salarios» ni ahora «ni en los próximos meses, porque esto va a repercutir en la generación de pagas extra y de vacaciones».
«NECESARIAS MEDIDAS DE SEGURIDAD»
En otro orden de cosas, Carril alerta de que «siguen sin adoptarse las medidas necesarias para que todo el mundo pueda quedarse en casa» ni se aporta los medios para que los empleados que tengan que ir a trabajar «puedan hacerlo con las necesarias medidas de seguridad».
Según el secretario xeral de la CIG, tampoco se dota de medios a Inspección de Trabajo para que haga los controles para «garantizar esa protección a las trabajadoras y trabajadores que no pueden quedar en casa y están obligados a trabajar».
Además, Carril lamenta que la policía y el ejército se desplieguen para labores «de control social» y no «para garantizar que no haya la actividad laboral, salvo donde es obligatoria», o para que se desarrolle con las «medidas oportunas de seguridad».
