Las defensas de los dos investigados en una de la piezas separadas de la Operación Patos, por un supuesto delito de cohecho relacionado con el pago de servicios de prostitución a un funcionario vigués, han pedido la nulidad de este procedimiento judicial alegando «descontrol absoluto» en el mismo y vulneración de derechos fundamentales.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acogido este martes una vista para resolver el recurso contra el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra en el que desestimaba las cuestiones previas argumentadas por las defensas.

«El proceso debe archivarse». Así de tajante se ha pronunciado uno de los letrados de la defensa, que pide que esta pieza sea declarada nula en base a que «se recabó información sin garantizar los derechos» de los investigados. «No había control sobre la legalidad de las escuchas telefónicas durante todo el procedimiento», alega.

En este mismo sentido se ha pronunciado el otro letrado de la defensa quien, al igual que su compañero, ha instado al Alto Tribunal gallego a desestimar las escuchas telefónicas al suponer una vulneración de los derechos fundamentales. «Las diligencias previas nunca debieron ser instruidas», dice esta defensa.

DESESTIMACIÓN DE LA FISCALÍA

La anulación ha sido motivo de archivo en varias piezas y sirve de «precedente» a las defensas del funcionario municipal y el empresario de la presunta trama para evitar el juicio por cohecho.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado la desestimación de estos recursos y pide la confirmación del auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Entre sus motivos, destaca el hecho de que se esté ante un delito de carácter continuado.

En este procedimiento, la Fiscalía pide un año de prisión para el funcionario del Ayuntamiento de Vigo, A.C.C., con responsabilidades en el departamento de Fomento (Vías y Obras), al que acusa de un delito continuado de cohecho, al aceptar supuestamente servicios de prostitución, pagados por otro acusado, E.A.P., responsable de la constructora Eiriña.

PENAS DE PRISIÓN

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al menos en junio de 2013 y en febrero de 2014, este funcionario (que será juzgado por un tribunal de jurado) mantuvo relaciones sexuales con prostitutas, que habían sido contratadas y pagadas por E.A.P.

El administrador de la constructora, apunta la Fiscalía, efectuó esas «invitaciones» al funcionario en atención al cargo que desempeñaba en el Ayuntamiento.

De hecho, durante la fase de instrucción de la conocida como Operación Patos (en la que se llegó a investigar a medio centenar de empresarios, políticos y técnicos), el Ministerio Fiscal relacionó esos servicios de prostitución pagados al funcionario vigués con el hecho de que A.C.C. intervenía en la valoración de gran parte de las obras a las que concurría la constructora Eiriña.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para A.C.C. la pena de un año de prisión e inhabilitación para empleo y cargo público durante 3 años; mientras que para el administrador de la constructora solicita 9 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión o industria relacionada con la construcción o con la contratación pública.