La Xunta sitúa «al límite» el sistema gallego de protección de menores después de que, según sus datos, haya tenido que habilitar más de 100 plazas extraordinarias para atender a menores extranjeros no acompañados derivados por el Gobierno central durante el último año.

La Administración autonómica cifra en alrededor de 800 las plazas ordinarias de la red de protección de Galicia, formada por pequeños recursos distribuidos por toda la comunidad. Según explica, el sistema estaba concebido para atender a los menores en estos centros sin diferenciarlos por nacionalidad, mientras que el incremento de las derivaciones de menores migrantes ha llevado a poner en marcha recursos específicos para este colectivo.

La Xunta atribuye este cambio a los traslados de menores realizados por el Gobierno central y sostiene que se produjeron sin la planificación y coordinación que, a su juicio, habría sido necesaria. En este contexto, defiende que las más de 100 plazas habilitadas tienen carácter extraordinario y se suman a la capacidad ordinaria de la red.

Los datos oficiales del Estado establecen para Galicia en 2026 una capacidad ordinaria de 940 plazas para menores extranjeros no acompañados, frente a las 886 asignadas en 2025. Esta cifra se refiere específicamente a la capacidad para menores extranjeros y no al conjunto de recursos del sistema gallego de protección de menores.

La Xunta asegura que Galicia ha acogido a todos los menores que le han sido derivados y sostiene que, en la actualidad, «ya no cuenta con más plazas ordinarias». Por ello, reclama que cualquier nueva derivación se acompañe de una planificación previa y de recursos suficientes para asumir la atención.

DISCREPANCIAS POR LA FINANCIACIÓN

La situación se produce además en un contexto de discrepancia entre la Xunta y el Gobierno central sobre la financiación de la acogida de estos menores.

La Administración autonómica denuncia que los fondos estatales destinados a este fin se han reducido un 82% en el último año, al pasar, según sus datos, de 4,2 millones de euros a 750.000.

La Xunta reclama que el Estado incremente los recursos destinados a las comunidades para atender a los menores extranjeros no acompañados y considera que la financiación actual no se corresponde con el coste de la atención que debe asumir.

En paralelo, el modelo gallego de protección mantiene como objetivo la atención residencial en recursos de pequeño tamaño y próximos al entorno comunitario. La Xunta sostiene que la necesidad de crear dispositivos específicos para menores migrantes supone un cambio respecto a este planteamiento y advierte de que la falta de plazas ordinarias limita su capacidad para asumir nuevas incorporaciones.

El Gobierno central, por su parte, ha establecido mediante el reparto estatal de capacidad las plazas que corresponden a cada comunidad para la atención de menores extranjeros no acompañados. Para 2026, Galicia figura con 940 plazas, dentro de un total de 17.081 para el conjunto de las comunidades autónomas.

El escenario deja así sobre la mesa dos cuestiones diferenciadas: la capacidad de la red ordinaria de protección de menores y la disponibilidad de recursos específicos para atender a los menores extranjeros no acompañados que son derivados a Galicia. La Xunta sostiene que ambas redes se encuentran ya sometidas a una presión que hace necesario aumentar la planificación y la financiación.