La última propuesta sobre la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para negociar el presupuesto común para los próximos siete años plantea un recorte en la Política Agraria Común (PAC) del 14% con respecto a la aportación de los Veintisiete en el ejercicio actual y del 12% en los fondos de Cohesión, dos partidas para las que España reclama como mínimo mantener en niveles actuales.

El documento que este viernes ha enviado a las capitales el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, propone un marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 del 1,074% de la Renta Nacional Bruta (RNB) del bloque, frente al 1,114% que pide la Comisión Europea o el 1,16% que representa el del periodo que acaba este año para los Veintisiete.

La propuesta de Michel mantiene –aunque suavizado– el propósito de recortar el presupuesto europeo a costa de los fondos agrarios y estructurales que ya se planteó el pasado diciembre en otra propuesta que fue rechazada por casi todos los Estados miembro, aunque por razones distintas.

España y otra quincena de países del Sur y del Este han creado un frente común para defender los fondos de cohesión y de la PAC y reclamar que, si no se aumentan, al menos que se mantenga su ambición en el gasto agrícola y se asegure un apoyo «fuerte» para los fondos estructurales.

Los llamados ‘amigos de la cohesión’ tendrían de su lado al Parlamento Europeo, que pide un presupuesto del 1,3% que garantice la fortaleza de estas políticas tradicionales.

Este propósito, sin embargo, choca de plano con la de otros Estados miembros como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria que rechazan de plano cualquier mejora y exigen que el presupuesto sea rebajada, marcando como techo el 1% de la RNB.

Michel se ha reunido en las últimas semanas con casi todos los líderes de la UE para escuchar sus líneas rojas y tratar de hallar un «equilibrio» entre unos y otros, apuntan fuentes europeas, que recuerdan que con la salida de Reino Unido el bloque deja de contar con unos 10.000 millones de euros al año y, sin embargo, necesitará más recursos para nuevas prioridades como la acción climática, la digitalización y la migración y la seguridad.

En opinión de Michel, según fuentes europeas, un presupuesto «modernizado» pasa por reducir la dotación de «políticas tradicionales» aunque introduciendo «mayor flexibilidad» que permita a los Estados miembros reconducir fondos, por ejemplo, de las ayudas directas al pilar de desarrollo rural y viceversa.

Con todo, de salir adelante el reparto tal y como lo plantea Michel, la rebaja de las ayudas directas sería del 10,1% y se dispararía hasta el 25,1% en el caso del desarrollo rural, lo que se traduciría en una merma del 14% para el conjunto de la PAC.

A cambio, el presupuesto que hay sobre la mesa para los próximos siete años asigna más recursos al compromiso de luchar contra el cambio climático, apoyar la transición digital, impulsar una Europa de la defensa y reforzar el control de las fronteras y de la migración.

Además, el presupuesto común tendrá un régimen general de condicionalidad que se podrá activar si se detectan «deficiencias manifiestas generalizadas» por parte de los Estados miembro con respecto a la gobernanza y el respeto del Estado de derecho, con el fin de asegurar el buen uso de los fondos europeos y proteger los intereses financieros de la Unión.