El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Ourense ha denegado a la CIG su solicitud de suspensión cautelar de la orden de supresión de los servicios de paritorio y pediatría de urgencias del Hospital de Verín emitida el pasado 29 de noviembre de 2019 por la gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

«Nos encontramos ante dos bienes jurídicos dignos de protección», indica la jueza en el auto con fecha 22 de enero, contra el que cabe recurso de apelación en el plazo de 15 días, en el que explica que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) «justifica su decisión en la necesidad de protección del neonato y de su salud», mientras que la CIG entiende que la Xunta realiza «una ponderación equivocada a la hora de valorar los riesgos para la salud de las mujeres embarazadas al anteponer el peligro derivado de la pérdida de destreza de los profesionales frente el peligro derivado de la distancia para atención en un centro hospitalario».

«Ante tal perspectiva, el órgano judicial no puede sustituir en una pieza de medidas cautelares una decisión adoptada por la Administración sanitaria por su propio criterio o el del recurrente, salvo que se aprecie que existe un riesgo inminente y grave para derechos constitucionales dignos de protección y que, además, dichos derechos prevalezcan sobre los que la Administración sanitaria trata de proteger con la decisión», subraya la magistrada Ana Belén González Abraldes, quien destaca que esa situación «no se produce en el presente supuesto», pues la decisión adoptada por el Sergas «cuenta con el aval o fundamento de los informes emitidos por especialistas en pediatría», apostilla.

La documentación presentada por el sindicato que ha presentado el recurso, según consta en el auto, «consiste esencialmente en informaciones periodísticas sobre declaraciones de responsables políticos».

De este modo, la jueza señala que, «al margen de que, obviamente, tales recortes de prensa y las opiniones que se reflejan carecen de cualquier rigor científico que permita fundar en ellas una decisión, lo cierto es que seguiría concurriendo el problema, referido por el Jefe de Servicio, de la inexistencia en el hospital de ningún pediatra responsable de pediatría».

Asimismo, la magistrada refleja en el auto el informe emitido por el jefe del Servicio de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, en el que sostiene que la atención de recién nacidos en el Hospital Comarcal de Verín «actualmente no garantiza la seguridad y la calidad asistencial de los recién nacidos que allí se atienden».

En el documento, según consta en el auto, «se alude a la carencia en el Hospital Verín de un Servicio de Pediatría y de Unidad Neonatal como elementos estructurales que justificarían la adopción de la medida adoptada por la gerencia».

CALIDAD

«Al margen de las carencias estructurales que presente el Hospital de Verín, consta en la actuaciones el informe del presidente de la Sociedade Galega de Pediatría, en el que, además, se analiza cómo afecta el descenso de partos en el área de Verín a la calidad de la asistencia neonatal prestada», recalca la jueza en la resolución.

El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Ourense advierte de que el Sergas debe «arbitrar las medidas y medios necesarios para tratar de garantizar la salud de la embarazada y el neonato» en el caso de apreciarse «cualquier situación de riesgo en un caso concreto motivado por razones de la distancia al centro de alumbramiento», concluye.

El auto ha sido notificado en la semana que, según avanzó la Consellería de Sanidade, se contratará a los nuevos pediatras para poder reabrir a principios de febrero el paritorio del Hospital de Verín.