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TSXG ratifica la condena a un hombre por vender cocaína en Pontevedra y su expulsión de España

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena a un hombre por un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de cocaína, por dos operaciones de venta de droga realizadas en Pontevedra en febrero y abril de 2025. La resolución ratifica la pena de un año y siete meses de prisión y la sustitución del tiempo restante por su expulsión del territorio español una vez cumplidos dos tercios de la condena.

La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego, en una sentencia fechada el 16 de noviembre, desestima el recurso de apelación presentado por el condenado contra el fallo dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra el pasado 10 de junio, que queda confirmado en todos sus pronunciamientos.

Según los hechos probados, el acusado, de nacionalidad venezolana y en situación administrativa irregular en España, entregó cocaína a dos consumidores en sendos encuentros vigilados por agentes policiales. En el primero, ocurrido en febrero de 2025, vendió a un hombre un envoltorio con 0,394 gramos de cocaína, con una pureza del 57,27% y un valor de mercado de 28,82 euros, a cambio de dinero.

En una segunda operación, el 10 de abril de ese mismo año, entregó a otro consumidor un envoltorio con 0,391 gramos de cocaína, con una pureza del 79,25% y un valor de mercado de 39,58 euros. En ambos casos, los compradores fueron interceptados poco después por agentes policiales, que les intervinieron las sustancias.

Posteriormente, el 18 de junio de 2025, se practicó un registro judicial en el domicilio del acusado, donde se encontraron dinero en efectivo, una báscula de precisión, una cucharilla con restos de cocaína, recortes de plástico y cinco envoltorios con un total de 1,683 gramos de esta sustancia.

No obstante, la sentencia de instancia no incorporó esta última droga al relato de hechos probados al no alcanzar certeza suficiente sobre su titularidad.

En su recurso, la defensa alegó vulneración del derecho a la presunción de inocencia y cuestionó la valoración de las declaraciones de los agentes policiales, así como la falta de pruebas que acreditasen de forma concluyente las operaciones de compraventa. También sostuvo que no había quedado demostrada la existencia de una contraprestación económica y cuestionó la proporcionalidad de la expulsión del territorio español.

El TSXG rechaza estos argumentos y considera que las declaraciones de los agentes que participaron en las vigilancias constituyen prueba de cargo suficiente, ya que observaron directamente los contactos con los compradores y la posterior intervención de la droga. La Sala entiende que las discrepancias señaladas por la defensa afectan a aspectos secundarios y no desvirtúan el núcleo de los hechos acreditados.

Asimismo, el tribunal considera que no es necesaria la acreditación de un beneficio económico concreto para apreciar el delito de tráfico de drogas, sino que basta con que la conducta esté objetivamente dirigida a promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de sustancias estupefacientes.

Respecto a la expulsión, la sentencia señala que el acusado se encontraba en situación irregular en España y que no acreditó circunstancias singulares de arraigo personal, familiar o laboral que justificasen una excepción a la aplicación del artículo 89 del Código Penal. Por ello, considera proporcionada y suficientemente motivada la sustitución del resto de la pena por su expulsión del país.

La condena incluye, además del año y siete meses de prisión, una multa de 135 euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La sentencia también contempla cuatro días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa.

Contra la resolución del TSXG cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá prepararse en los cinco días siguientes a la última notificación.

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