El reparto de los fondos de la Diputación de Lugo a través de convenios con los ayuntamientos ha vuelto a enfrentar al Partido Popular y al Gobierno provincial. Los populares han acusado al PSOE y al BNG de utilizar estos acuerdos para «favorecer a los ayuntamientos en los que gobiernan» y, en consecuencia, «discriminar» a los municipios de otros colores, «principalmente del PP».
Por su parte, tras las acusaciones realizadas por el PP este jueves, la Presidencia de la institución provincial ha negado que actúe con «sectarismo» y ha asegurado que atiende peticiones «de todos los colores políticos, también del PP», reivindicando el Plan Diputación.
El portavoz provincial del PP, Antonio Ameijide, ha comparecido esta mañana para analizar los convenios aprobados por junta de gobierno provincial en lo que va de 2026. Según los datos presentados por los populares, estos acuerdos suman 9.728.457,65 euros, repartidos en 62 convenios, de los que 59 corresponden a municipios gobernados por el PSOE, el BNG e independientes.
En concreto, el PP asegura que 8.041.542,04 euros fueron destinados a ayuntamientos socialistas y otros 643.097,31 euros a municipios gobernados por el BNG. En conjunto, ambas formaciones concentran 8.684.639,35 euros, el 89,3 % del total, siempre según los populares. Por su parte, los ayuntamientos gobernados por el PP recibieron 348.068,68 euros, «ni el 3 % del total».
Ameijide considera que estas cifras «desmontan por completo el discurso de igualdad y solidaridad territorial que defienden Carmela López [presidenta de la Diputación] y Efrén Castro [vicepresidente]». El portavoz popular sostiene que los convenios se están utilizando para beneficiar a los municipios gobernados por los partidos que forman el Ejecutivo provincial, mientras que las peticiones de los alcaldes del PP quedan desatendidas.
EJEMPLOS EN BURELA, LUGO Y MONFORTE
Los populares también cuestionan que el primer compromiso económico anunciado para 2027 sea un convenio de 273.600,76 euros con el Ayuntamiento de Burela, del que Carmela López es alcaldesa. Ameijide considera «una actitud egoísta» que la presidenta haya aprobado esta colaboración «antes incluso de presentar los presupuestos del próximo ejercicio».
Otro de los ejemplos señalados por el PP es la financiación de las fiestas de San Froilán de Lugo. Según sus datos, la aportación provincial pasó de 370.000 euros en 2025, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por PSOE y BNG, a 50.000 euros en 2026, con el PP al frente del gobierno municipal. Los populares califican la reducción de «discriminatoria» y recuerdan que se trata de una celebración de toda la ciudad.
También ponen el foco en Monforte de Lemos, que recibió un convenio de 1,8 millones de euros aprobado el 3 de julio de 2026 para financiar actuaciones urbanas y rurales destinadas a mejorar las comunicaciones. Según Ameijide, estos fondos, que considera «récord» se destinaron en realidad a financiar las obras del nuevo puente del Malecón.
El PP contrapone esta política de convenios al Plan Diputación, cuya dotación considera «insuficiente». En 2026, este instrumento contó con 22,25 millones de euros, una cantidad que los populares consideran que debería incrementarse en otros diez millones para garantizar un reparto más igualitario entre los 67 municipios.
Además, Ameijide critica que algunos convenios se estén utilizando para financiar gastos ordinarios de los ayuntamientos, como facturas de electricidad, telefonía, combustible, seguros, mantenimiento o material de trabajo. Según denuncia, municipios como Meira, Pol, Ourol y Antas de Ulla recurren a estos acuerdos para cubrir gastos corrientes que deberían estar previstos en sus presupuestos.
De igual modo, los populares han reprochado a Carmela López que, pese a reuniones con alcaldes, la colaboración con municipios «no se ve por ningún sitio»: «Parece tener oído selectivo porque solo escucha a algunas personas, para las que hay cheques en blanco, mientras que las peticiones del resto acaban en la basura».
LA DIPUTACIÓN BUSCA UN «REEQUILIBRIO TERRITORIAL»
Por su parte, a través de un comunicado posterior, la Presidencia de la Diputación de Lugo ha defendido que la firma de convenios con los ayuntamientos responde a la voluntad de conseguir el «reequilibrio territorial» de los 67 municipios de la provincia, «dado que a muchos de ellos no llegan inversiones de la Xunta», según el gobierno provincial.
La presidenta, Carmela López, ha vuelto a instar al Gobierno autonómico y al PP a pactar un modelo de financiación municipal basado en «criterios objetivos, públicos, fijos y estables», tomando como referencia el funcionamiento del Plan Diputación, principal instrumento de cooperación económica de la institución provincial con los municipios.
Este programa, impulsado en 2016, experimentará en 2027 un incremento de 2,75 millones de euros, hasta alcanzar los 25 millones. La subida, muy superior al aumento habitual de 250.000 euros, beneficiará a 63 de los 67 ayuntamientos, ya que los cuatro restantes ya reciben la cuantía máxima establecida.
La Diputación destaca que el Plan Diputación representa el 14,5 % de su presupuesto, que en 2027 ascenderá a 155,2 millones de euros. Como comparación, señala que el presupuesto de la Xunta alcanzará los 15.158 millones y que el fondo de cooperación destinado a los 313 municipios gallegos será de 203 millones, lo que representa el 1,34 % de las cuentas autonómicas.
El reparto del Plan Diputación se realiza atendiendo a diferentes criterios: la población representa el 40 %; las entidades singulares de población, el 25 %; la superficie municipal, el 20 %, y el índice de envejecimiento, el 15 %. Además, se mantiene una aportación mínima de 150.000 euros por ayuntamiento y en 2027 los anticipos podrán alcanzar el 80%, frente al 50% actual.
Otra de las características que destaca el gobierno provincial es que los propios ayuntamientos pueden decidir en qué actuaciones invierten los fondos recibidos.
LA DIPUTACIÓN NIEGA «SECTARISMO»
Ante las críticas, la institución provincial rechaza que actúe con «sectarismo» y sostiene que se están atendiendo peticiones «de todos los colores políticos, también del PP». Pone como ejemplo diferentes actuaciones realizadas con ayuntamientos gobernados por los populares.
Entre ellas, citan la cesión de la Casona de O Incio, acompañada de una aportación económica de 250.000 euros; la cesión de un terreno al Ayuntamiento de Pantón en el entorno del embarcadero de Maiorga y los tramos de carreteras que se transferirán a los municipios de Cospeito y Palas de Rei, a petición de sus respectivos alcaldes.
La Presidencia incide en que el objetivo de su política municipal es atender las necesidades de los distintos territorios y avanzar hacia un «reparto equilibrado de los recursos».

