La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Patricia Rodríguez, ha confesado estar «pendiente» del procedimiento judicial iniciado a raíz del accidente mortal en el Saltamontes de las fiestas de Matamá, ocurrido en agosto de 2024 y que acabó con la vida de un hombre.

Así lo ha señalado este viernes tras ser preguntada por los medios de comunicación en el marco de una rueda de prensa para presentar el plan de tráfico que regirá en Vigo durante las fiestas de Navidad.

Al respecto, ha mostrado «sus respetos» a los procedimientos judiciales, remitiéndose a las declaraciones que ya hizo en su día, tras conocerse que es una de las investigadas por lo ocurrido.

Ella ha insistido en enviar «condolencias y respeto» a los familiares del fallecido, indicando que ahora desde el gobierno local están «pendientes» del procedimiento, pero «no está en sus manos», sino «en sede judicial».

Eso sí, ha subrayado que «respetará» los pronunciamientos que se tomen en esas instancias, rechazando por ahora presentar su dimisión, después de ser cuestionada por la prensa por ello.

ACCIDENTE MORTAL

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos del Saltamontes se rompió y un chico de 36 años, Iván C.H., cayó y sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Tras el siniestro, el juzgado abrió una investigación, en el marco de la cual citó a declarar como investigados al dueño de la atracción y al presidente de la comisión de fiestas. El primero de ellos compareció ante la jueza en abril de 2025 y se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el segundo proclamó su inocencia y reclamó el sobreseimiento con respecto a él.

A los largo de los meses, la jueza ha requerido diversos informes y documentación y llamó a declarar como investigados a diversas personas, entre ellas a la propia concejala Patricia Rodríguez.

Finalmente, el juez decidió continuar con la investigación de Patricia Rodríguez y del dueño de la atracción, archivando la causa contra la comisión de fiestas y el resto de investigados inicialmente. Las acusaciones particulares del caso piden hasta 4 años y medio de cárcel para ambos imputados.