La asociación de empresarios del transporte de viajeros por carretera Galibus denuncia que la Xunta «asfixia» al sector «pagando el servicio con costes de 2024».

En un comunicado, esta asociación, en la que se integran empresas como Autna, Autobuses de Calo, Estevez y Autocares de Santiago, advierte de «la quiebra del equilibrio económico en los contratos de transporte escolar adjudicados en julio, agosto y septiembre de 2026».

«La Administración autonómica pretende que los operadores asuman dos años de incrementos en carburantes y convenios laborales mientras les exige información para reestructurar rutas», censura.

En este sentido, destaca que «el sector rechaza la imposición de una ‘revisión exprés’ de rutas antes del 15 de noviembre sin regularizar previamente las tarifas reales».

La asociación ha mostrado su «más firme rechazo» ante la última campaña de requerimientos remitida por los servicios de Mobilidade provinciales de la Xunta. En dicha notificación, según indica, la Administración autonómica exige a las empresas concesionarias «una revisión integral de las rutas de transporte escolar especial antes del próximo 15 de noviembre de 2026».

Galibus califica la medida de «inaceptable» e «inasumible» debido a la «grave asfixia financiera que sufren las empresas», a las que la Xunta está abonando los servicios con costes, insiste, «desactualizados del año 2024».

Así las cosas, denuncia una «flagrante ruptura del equilibrio económico de las concesiones» y añade que «a pesar de que estos contratos de transporte escolar fueron adjudicados y formalizados en julio, agosto y septiembre de 2026, la Xunta de Galicia está abonando los servicios prestados aplicando una estructura de costes obsoleta desde hace casi tres años».

Esta práctica, agrega, «obliga a las empresas operadoras a asumir en solitario las pérdidas derivadas de estos años de intensa inflación, el encarecimiento de los carburantes, los costes de mantenimiento de las flotas y las actualizaciones de los convenios colectivos del sector».

«Es un contrasentido jurídico y una falta de respeto al tejido empresarial que la Xunta nos exija ahora reorganizar, optimizar y modificar las rutas para mejorar la seguridad del alumnado cuando es la propia Administración la primera que incumple la ley del contrato de forma sistemática», señala la dirección de la asociación.

El colectivo empresarial advierte que el procedimiento de «contacto previo» e informal que «intentan imponer» las jefatura territoriales «busca que las empresas asuman la iniciativa de los cambios». «De este modo, la Administración pretende eludir su obligación de tramitar expedientes formales de modificación contractual (modificados de oficio) y evitar el abono de las compensaciones económicas y los kilómetros reales que por derecho corresponden a los transportistas», critica.

PETICIONES

Ante lo que consideran un escenario de «enriquecimiento injusto» por parte de la Administración, Galibus ha registrado un escrito de oposición ante la Dirección Xeral de Mobilidade exigiendo la paralización «inmediata» del plazo fijado para el 15 de noviembre de 2026 para la modificación de las rutas escolares.

También demanda la regularización urgente y el abono de las diferencias económicas correspondientes a todas las facturas que han sido abonadas indebidamente con tarifas del año 2024, aplicando los precios reales vigentes en el momento de cada adjudicación.

En tercer lugar, pide la convocatoria de una mesa técnica bilateral urgente entre los representantes del sector y los altos cargos de la consellería, o bien el análisis de esta problemática en el Comité Galego de Transportes que no se ha convocado desde su última renovación.