La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha pedido elevar hasta los 19,8 euros por hora la financiación mínima del servicio de ayuda en el hogar (SAF), compensar íntegramente a los ayuntamientos por el coste de la gratuidad de las escuelas infantiles y reformar el canon eólico para garantizar un retorno económico adecuado a los municipios.

El ente municipalista ha trasladado a los grupos del Parlamento de Galicia sendos documentos de propuestas de enmienda tanto al proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad autónoma para 2027 como al proyecto de Ley de Administración local de Galicia (Lalga), actualmente en tramitación parlamentaria.

La Fegamp reclama 92,2 millones de euros las transferencias finalistas del Estado destinada a la atención a la dependencia y elevar el precio mínimo del SAF hasta los 19,8 euros por hora en 2027 y 2028, frente a los 17 y 18 euros, respectivamente, previstos en el acuerdo firmado con la Xunta en febrero de 2026.

La entidad municipalista considera imprescindible aprovechar el incremento de la financiación estatal de la dependencia, ya vigente para el 2027, para seguir avanzando hacia la cobertura del 100% del coste efectivo del servicio, aprovechando lo previsto en el acuerdo firmado para la revisión del incremento de los precios acordado en función de un eventual incremento de financiación en dependencia.

Otra de las demandas prioritarias es la creación de una partida específica en los presupuestos autonómicos que compense la totalidad de los costes derivados de la gratuidad en las escuelas infantiles y en los puntos de atención a la infancia de titularidad municipal.

La Fegamp ha advertido del desequilibrio existente en la financiación de esta medida entre los centros privados y los municipales. Así, ha sostenido que, según los datos recogidos en las propuestas de la Federación, la bonificación alcanza los 320,31 euros por plaza en las escuelas privadas, mientras que en las escuelas infantiles y puntos de atención a la infancia municipales es de 78,84 euros por plaza, a los que se añaden 52,66 euros para gastos de mantenimiento.

La entidad considera necesario corregir esta diferencia y garantizar que los ayuntamientos no tengan que asumir con recursos proprios el coste de una medida de gratuidad impulsada por la Administración autonómica.

En el ámbito de la fiscalidad ambiental, la Fegamp también aporta propuestas al proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas para 2027, en las que destaca la demanda de reformar el canon eólico para que los criterios de distribución de sus recursos tengan en cuenta exclusivamente la potencia instalada y el impacto territorial de los parques eólicos.

El objetivo, conforme apunta, es garantizar un retorno económico adecuado para los municipios, especialmente los rurales, que soportan directamente la implantación de estas instalaciones y sus efectos sobre el territorio.

La Fegamp defiende que los ayuntamientos afectados deben participar de forma justa en los recursos generados por este canon, atendiendo a la realidad territorial y a la potencia eólica instalada en cada municipio.

Además de las propuestas presupuestarias, la Federación ha trasladado a los grupos parlamentarios sus enmiendas al proyecto de Ley de ley debe garantizar una autonomía municipal efectiva, con la correspondencia necesaria entre las competencias atribuidas a los ayuntamientos y a los teléfonos recursos económicos para ejercerlas.

En este sentido, reclama garantías de participación de las entidades locales en la elaboración de las disposiciones que las afectan y mecanismos de cooperación y conciliación interadministrativa. Además, mantiene el rechazo de la previsión de fusiones municipales obligatorias y considera que la racionalización de la estructura local debe respetar la identidad municipal y la voluntad de las comunidades locales.

Por la contra, ha defendido potenciar las fórmulas de cooperación supramunicipal, como las mancomunidades, los consorcios y otras entidades de colaboración, que permiten compartir y mejorar la capacidad de gestión sin vaciar de contenido los municipios.

Entre sus propuestas figura también revisar los criterios de distribución de la financiación autonómica local, ampliar los indicadores para identificar los ayuntamientos afectados por el reto demográfico, reforzar la cooperación supramunicipal frente a las fusiones obligatorias y establecer un calendario para la asunción efectiva de las competencias y servicios pendientes vinculados al pacto local de 2006.

La Fegamp insiste igualmente en que la nueva Lalga debe preservar expresamente el carácter incondicionado del Fondo de Cooperación Local y garantizar que ninguna nueva obligación municipal se establezca sin los recursos necearios para cumplirla.