La Xunta critica que el Gobierno central «llega tarde» al aprobar en Consejo de Ministros este martes un real decreto ley para ampliar la protección de familias monomarentales, las numerosas con pocos recursos y las de personas con una persona progenitoria con discapacidad y más de un hijo. Además, teme un «retroceso» frente al reconocimiento que ya existe en Galicia.

La norma supone crear un título para las familias monomarentales, de forma que se reconoce su «especial vulnerabilidad» y garantiza una «protección específica», además de concederse los beneficios de las familias numerosas a las monoparentales con dos hijos.

Al respecto, la Consellería de Política Social traslada a Europa Press que la equiparación para las familias monoparentales supone «un reconocimiento que en Galicia existe desde hace 15 años».

«La ley de familias gallegas de 2011 reconoció a estas familias como de especial protección y creó un certificado oficial de la Xunta. En la actualidad más de 10.000 familias monoparentales gallegas cuentan ya con este certificado y acceden gracias a él a beneficios concretos en materia de vivienda, escuelas infantiles, educación, conciliación o inclusión social», explica.

Censura que el título estatal «figuraba entre las medidas de la Ley de Familias que prometió el Gobierno ya en 2019». «En lugar de aprobar esa ley, opta ahora por introducir estos cambios por la puerta de atrás, mediante un real decreto-ley que evita el debate parlamentario que una cuestión de esta importancia merece», agrega.

«Pero la principal preocupación es que el nuevo marco estatal puede suponer un retroceso respeto de los derechos ya reconocidos en Galicia: desde 2021, la Xunta considera monoparentales también las familias en las que un solo progenitor tiene la custodia exclusiva de los hijos aunque reciba una pensión de alimentos; mientras que, a la espera de conocer el texto definitivo, el Gobierno muestra inicialmente su intención de excluir estos casos cuando exista una aportación económica del otro progenitor, dejando fuera del nuevo título estatal a miles de familias que hoy sí están reconocidas en Galicia», expone.

Avisa que el nuevo marco estatal «debe sumar, nunca restar». «Galicia no puede aceptar que una norma presentada como una ampliación de la protección termine dejando fuera a familias que aquí ya están reconocidas y protegidas», agrega.

En lo referido a las nuevas medidas en materia de dependencia, «sorprende asimismo que el Gobierno central se comprometa ahora a elevar su participación en la financiación de la dependencia hasta el 50%, cuando es una reivindicación que Galicia lleva años formulando». Recuerda que «es una obligación fijada por la Ley de Dependencia que el Estado lleva años incumpliendo».

«Este incumplimiento tiene una consecuencia concreta: la deuda acumulada del Gobierno central con Galicia por la financiación de la dependencia supera ya los 3.000 millones de euros. Además, según los cálculos de la Xunta, la aportación estatal pasó de representar el 34% en 2024 al 32% en 2025, alejándose aun más del 50% que le corresponde», reprueba Política Social.