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La Xunta justifica cambios en ley de acompañamiento para «agilizar» vivienda protegida con «la mitad» de plazos

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El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo y director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, justifica incluir diferentes cambios en la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2027 para «agilizar» la construcción de vivienda, con una tramitación urgente preferente de licencias para la protegida y en «la mitad» de plazos.

Así lo ha expuesto en su comparecencia en el Parlamento gallego, en la que ha destacado que las políticas de vivienda de la Xunta en 2027 contará con 520 millones, «con mucha diferencia la mayor inversión en toda su historia». Señala que esta cifra sale de la suma de 293 millones del IGVS (un 8,5% más), los 224 millones de la sociedad Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), con una subida del 188%, y los 2,7 millones del Consorcio Casco Vello de Vigo.

Entre este total, hay 326 millones que van directamente para construir vivienda pública, el «doble» que en 2026, por lo que «dos de cada tres euros son para levantar nuevas viviendas públicas».

Resalta 37,5 millones para continuar con el desarrollo de suelo de vivienda protegida y 71 millones para ayudas a la rehabilitación para alquiler. Asimismo, las ayudas específicas para facilitar el acceso a la vivienda crecen un 5,5%, hasta superar los 46 millones.

Igualmente, Heriberto García ha subrayado que el 80% de los fondos de vivienda de la Xunta son fondos propios, 418 millones, con 51 millones finalistas del Estado, «menos del 10%».

Todo ello con el horizonte con el objetivo de alcanzar las 10.000 viviendas públicas en la comunidad autónoma para el año 2030.

Así, remarca la nueva reserva del 20% de las nuevas promociones para personas que lleven más de 5 años inscritas en el registro de demandantes, así como el mantenimiento de las actuales del 25% de las viviendas protegidas en compra para menores de 36 años y del 30% para personas de entre 36 y 45 años con hijos, así como la reserva del 40% de las viviendas en alquiler para la juventud.

Igualmente, se refiere a cambios normativos de cara a que toda vivienda de titularidad pública se cualifique como protegida permanente y se adjudique por registro de demandantes de viviendas, lo que parece una «obviedad», pero ve necesario ante situaciones de la entidad estatal Casa 47, con alquileres a 800 euros, por «encima de precios de mercado», y «sin atender al registro de demandantes».

También valora que se mantiene el límite de ingresos para acceder a estas viviendas hasta cuatro veces el Iprem (o 4,5 veces en el caso de las familias numerosas).

Junto a esto, resalta nuevas líneas como los 7 millones que habrá para que municipios promuevan viviendas de promoción públicas, con ayudas de hasta 80.000 euros por vivienda.

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

Por otra parte, el responsable del IGVS ha aprovechado su toma de la palabra para criticas las «dificultades» que encuentran para «sacar adelante temas en el municipio de Santiago».

Asimismo, reprocha que «el mayor hito» de Santiago como zona tensionada sea «rehabilitar seis viviendas para destinarlas a vivienda protegida».

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

La Comisión de Economía del Parlamento gallego de este viernes se ha visto marcada por una decisión que la oposición tacha de «inaudita» en la historia de la Cámara y de «atropello democrático» al decidir el diputado del PP Gonzalo Trenor, que se encontraba presidiendo la sesión, suspender durante cinco minutos este órgano «hasta que se relaje» el diputado socialista Aitor Bouza, quien ha acabado abandonando la sesión en señal de protesta.

Previamente a esta polémica, Aitor Bouza ha reprochado a la Xunta que «no cumplen» con el presupuesto de vivienda y afea que tan solo hayan entregado un centenar de pisos en lo que va de 2026. También ha recriminado los años de parálisis del Gobierno gallego del PP en vivienda pública desde 2009.

Por su parte, Alexandra Fernández (BNG) ha cuestionado a la Xunta que aclare cuántas de las 4.000 viviendas públicas comprometidas serán de este tipo, pues sostiene que se busca una confusión entre «promoción» y «propiedad» pública.

En cambio, Moisés Rodríguez (PP) ha puesto en valor la cifra histórica de 520 millones en materia de vivienda de la Xunta para 2027.

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