Unións Agrarias (UU.AA.) muestra «una profunda cautela» ante el acuerdo base de los Veintisiete sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, ya que lo define como una «cáscara vacía» sin un presupuesto blindado ni «un reparto justo».
Después del anuncio del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE sobre la nueva estructura de la PAC, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, advierte de que el acuerdo no garantiza «ni un solo euro» ni «resuelve cuestiones cruciales» como los topes por explotación, el pago redistributivo o la financiación de programas sectoriales, «que quedan supeditados a las compleja negociación del marco financiero plurianual». «Tenemos la estructura del edificio, pero aún no sabemos con cuanto dinero se va a construir», resume. Para la organización agraria gallega, «uno de los puntos más preocupantes de la posición del Consejo reside en la flexibilidad total otorgada a los Estados miembros para diseñar la figura del agricultor activo». Incide en que la PAC «no puede seguir siendo un complemento de renta para las pensiones ni una herramienta que bloquee el acceso a la tierra de los jóvenes». Y es que alerta de que se busca «diluir la definición de agricultor activo y permitir que las ayudas se cobren sin una actividad agraria real y profesional», por lo que «se favorece la retención de terrenos productivos» y penaliza el relevo.
«Aunque se establece la obligatoriedad de definir» al agricultor activo, «el texto delega en cada país los criterios concretos de evaluación (ingresos, mano de obra o registros)», expone UU.AA., que apoya que el umbral de 5.000 euros se mantenga para eximir de cargas burocráticas a los pequeños perceptores gallegos, pero insiste en que «la falta de criterios europeos rigurosos vacía de contenido la reforma».
Y es que denuncia que «todo lo que hace justa la PAC fue expulsado del acuerdo del Consejo». «La reducción progresiva de las ayudas (degresividad) a partir de los 20.000 euros y el tope máximo obligatorio por explotación (‘capping’) que defendía la Comisión Europea fueron sustituidos en la caja de negociación por propuestas descafeinadas: rebajas voluntarias a partir de 100.000 euros y un tope opcional de 300.000 euros».
En este sentido, Unións Agrarias muestra su rechazo a cualquier intento de subordinar la soberanía alimentaria a las prioridades de defensa o geopolíticas, ya que «la PAC no puede ser mutilada a nivel presupuestario». «La PAC debe financiar tractores, modernización y relevo en el campo, no destruir su presupuesto para invertir en tanques o gasto militar», advierte la organización.
Finalmente, avisa que el pago redistributivo (el actual CRISS), que es una obligación para apoyar a las explotaciones familiares, «corre el riesgo de convertirse en una simple opción voluntaria para los Estados». «Algo que supondría un peligro estructural para el modelo productivo mayoritario en Galicia», agrega.
