El Parlamento de Galicia ha aprobado una proposición no de ley del grupo popular que reclama al Gobierno central cambios en el funcionamiento del programa Casa47 para garantizar mayor transparencia en los criterios de adjudicación, asegurar la protección permanente de las viviendas, utilizar el Registro único de demandantes y coordinar las actuaciones con la Xunta en las zonas donde exista demanda real.

La iniciativa popular, que ha salido adelante pese a los votos en contra de la oposición, cuestiona además la escasa oferta del programa, limitado a 99 viviendas en Galicia, y sus precios de alquiler.

El portavoz de Vivienda y Urbanismo del PPdeG, Moisés Rodríguez, ha calificado Casa47 de «chapuza» y ha sostenido que el programa estatal no está dirigido ni a la juventud, ni a las familias con menos recursos ni a la clase trabajadora, que son, a su juicio, quienes afrontan el problema de acceso a la vivienda.

Entre las principales críticas planteadas por el PPdeG figura que Casa47 solo contempla 99 viviendas en el conjunto de Galicia, que los alquileres pueden situarse por encima de la media del mercado y que las viviendas no cuentan con una calificación permanente como vivienda pública. También ha cuestionado que no se utilice el Registro único de demandantes.

Por ello, la iniciativa reclama que los procesos de adjudicación se basen en criterios transparentes, que las viviendas mantengan su carácter público de forma permanente, que se emplee el registro de demandantes y que exista coordinación con las comunidades autónomas para localizar la oferta allí donde realmente exista necesidad.

El diputado popular ha contrapuesto el modelo estatal con las actuaciones de la Xunta y ha destacado la adquisición de viviendas de la Sareb en A Coruña, Lugo, Cee y Sarria, que, según ha señalado, han sido calificadas como vivienda pública con protección permanente y con alquileres que pueden situarse en torno a los 150 euros.

Para el PPdeG, el programa estatal refleja una política de vivienda basada en «mucho anuncio, mucha foto y solo propaganda» y no aborda los problemas estructurales de falta de oferta, suelo disponible y vivienda pública y protegida.

PSDEG CUESTIONA EL RECHAZO DEL PP A LAS MEDIDAS ESTATALES

El PSdeG ha rechazado la iniciativa y ha centrado su intervención en recordar las distintas medidas adoptadas por los gobiernos centrales socialistas en materia de vivienda y protección de los inquilinos, frente a las que, según ha señalado, el PP votó en contra.

El diputado socialista Aitor Bouza ha citado las sucesivas reformas y prórrogas de medidas de protección frente a desahucios y lanzamientos, la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler y las limitaciones extraordinarias de las actualizaciones de rentas.

Asimismo, ha cuestionado que el PPdeG critique ahora Casa47 cuando buena parte de las políticas de vivienda desarrolladas en Galicia cuentan, según ha defendido, con financiación estatal. Ha puesto como ejemplo el bono alquiler y varias promociones de vivienda pública.

El PSdeG ha reivindicado Casa47 como una fórmula para integrar en un parque público viviendas procedentes de activos bancarios y ha acusado al PP de haber optado en el pasado por rescatar al sistema financiero en lugar de poner esos inmuebles al servicio de las familias.

Durante su intervención, ha reclamado también a la Xunta que ejecute sus propias competencias en materia de vivienda y ha denunciado el aumento del número de personas inscritas en el registro de demandantes gallego.

BNG VE CASA47 COMO «UN PRODUCTO DE MERCADO»

El BNG también ha rechazado la propuesta del PPdeG, aunque ha cuestionado Casa47 desde una perspectiva diferente y ha defendido que el programa no puede considerarse una «verdadera política de vivienda pública».

La diputada nacionalista Alexandra Fernández ha señalado que para optar a ciertos inmuebles del programa se exigirían unos ingresos mínimos próximos a los 3.000 euros mensuales, por lo que, a su juicio, se excluye a buena parte de las familias trabajadoras y de la juventud.

Ha criticado además que la gestión del parque de Casa47 haya sido externalizada a empresas privadas y ha reclamado que los activos procedentes del rescate financiero sean transferidos a las comunidades autónomas para su gestión pública, con precios realmente accesibles y protección permanente.

Asimismo, ha acusado a la Xunta de acercar los precios de la vivienda pública a los del mercado libre tras introducir mecanismos de actualización vinculados a la evolución del mercado. Según el BNG, una vivienda pública de 93 metros cuadrados podría alcanzar precios similares a los de la vivienda libre.

La diputada nacionalista ha defendido que Galicia debe contar con un parque público gestionado directamente por la Administración autonómica y ha reclamado a la Xunta que movilice también las viviendas vacías de la Sareb en la comunidad.