El Parlamento de Galicia ha aprobado, con los votos del PPdeG, una proposición no de ley popular para reclamar al Gobierno central más recursos para la promoción de vivienda pública en Galicia, además de defender un reparto de fondos basado en criterios «objetivos» y en las necesidades de la población.

BNG y PSdeG han rechazado la iniciativa y han acusado a la Xunta de tratar de trasladar al Ejecutivo estatal responsabilidades que corresponden a la Administración autonómica.

El diputado del PPdeG encargado de defender la propuesta, Roberto Pérez, ha reivindicado la política de vivienda de la Xunta y ha asegurado que el Estado está destinando recursos «claramente insuficientes» a Galicia.

En este sentido, ha situado en unos 5,5 millones de euros los fondos adicionales vinculados a las zonas tensionadas de A Coruña y Santiago, una cantidad que, a su juicio, permitiría financiar únicamente «25 o 30 viviendas».

Ha contrapuesto esta cifra con la planificación de la Xunta, que, según ha expuesto, contempla 350 millones de euros en materia de vivienda en 2026, de los que 163 millones se destinan a la construcción de nuevos hogares. El PPdeG ha señalado además que el Gobierno gallego prevé superar las 4.000 nuevas viviendas y elevar el parque público hasta las 8.000 en 2028 y 9.000 en 2030.

El diputado popular ha defendido que los fondos estatales destinados a A Coruña y Santiago deben mantenerse para actuaciones de vivienda en estas ciudades, pero ha cuestionado que la declaración de zona tensionada sea el criterio que determine el acceso a una financiación adicional, ya que, a su juicio, el resto de municipios gallegos también necesitan recursos.

Asimismo, ha criticado el funcionamiento de las zonas tensionadas y ha señalado que en A Coruña los contratos de alquiler se habrían reducido más de un 50% desde su declaración, mientras los precios medios habrían aumentado.

«Menos dogmas y más datos», ha reclamado, antes de defender una política basada en la planificación, la inversión, la promoción de suelo y vivienda pública y la colaboración con los ayuntamientos.

PSDEG: «ACLÁRENSE Y EJECUTEN LOS FONDOS»

El PSdeG ha votado en contra de la iniciativa y ha centrado buena parte de su intervención en cuestionar la ejecución de las políticas de vivienda de la Xunta.

Así, Aitor Bouza ha acusado al presidente gallego, Alfonso Rueda, de ofrecer datos incorrectos sobre el censo de viviendas vacías y ha reclamado conocer el volumen real de inmuebles susceptibles de incorporarse al mercado.

También ha preguntado al PPdeG por su posición sobre la creación de un banco público de alquiler, después de que los ‘populares’ la hayan rechazado en el Parlamento gallego mientras el grupo municipal del PP en Santiago ha defendido una medida similar.

El socialista ha criticado asimismo que la Xunta haya retirado de su portal del Observatorio da Vivenda determinadas gráficas sobre la evolución del parque público y ha cifrado en 24 las viviendas construidas en Santiago durante los últimos 17 años de gobiernos del PP, frente a las necesidades existentes.

Según ha señalado, la Xunta habría ejecutado hasta la mitad del ejercicio únicamente el 7% de la partida presupuestaria destinada a vivienda y ha pedido explicaciones sobre el destino de unos 70 millones de euros modificados o retirados de un programa presupuestario.

Por último, ha defendido además que la Xunta debe ejercer sus competencias en materia de vivienda y adoptar medidas para evitar desahucios de familias vulnerables, dentro del marco constitucional.

BNG: «LA XUNTA TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA EN VIVIENDA»

El BNG también ha rechazado la iniciativa del PP y ha acusado a la Xunta de utilizar la reclamación de fondos estatales para ocultar su propia falta de actuación.

Su diputada, Saleta Chao, ha puesto como ejemplo las 1.800 viviendas en alquiler que la Xunta anunció que estarían terminadas en 2026 y que, según ha denunciado, no se han ejecutado.

El BNG ha defendido el papel de los ayuntamientos de A Coruña y Santiago en la declaración de zonas tensionadas y ha acusado al Gobierno gallego de haber dificultado inicialmente estos procesos. En este sentido, ha reclamado a la Xunta que colabore con ambos concellos y permita que los fondos estatales se destinen a las medidas previstas en sus planes correctores.

También ha pedido que el Ejecutivo autonómico ejerza su competencia para declarar zonas de mercado residencial tensionado y desarrolle mecanismos para controlar y sancionar el incumplimiento de sus condiciones.

Chao ha reivindicado las políticas de vivienda impulsadas por Santiago, entre ellas la movilización de solares, la rehabilitación de inmuebles, incentivos fiscales para vivienda protegida y medidas sobre viviendas vacías y de uso turístico.

La diputada nacionalista ha concluido asegurando que la propuesta del PP pretende «ocultar bajo ruido y crispación» la responsabilidad de la Xunta en la actual crisis habitacional y ha reclamado al Gobierno gallego que «deje de poner palos en las ruedas» a los ayuntamientos.