La constatación, por parte de un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera del Puerto de Marín, de que se estaban tramitando aprovisionamientos de tabaco a buques que ya habían sido desguazados fue el origen de la investigación por los supuestos delitos de falsedad documental y contrabando que ha llevado a seis acusados al banquillo, tres de ellos guardias civiles, en un juicio que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
Según han declarado este martes varios funcionarios de Aduanas, las sospechas se centraron en las operaciones de avituallamiento realizadas por dos empresas, aunque las personas que intervenían (un responsable de administración y aduanas, un comercial y su hija, así como tres agentes de la Guardia Civil destinados en el Puerto de Marín) eran las mismas.
Así, los investigadores comprobaron que se estaba aprovisionando tabaco a buques que ya no existían o, en otros casos, que no se encontraban en el puerto de Marín en ese momento. Esas irregularidades fueron confirmadas hablando con los armadores y consultando los despachos de Capitanía Marítima.
Aduanas también constató que, pese a que el tabaco no era embarcado en esos buques, sí que se había sacado del depósito fiscal de las empresas en la Zona Franca de Vigo, por lo que concluyeron que fue «desviado al mercado ilícito».
Entre los datos «llamativos» recabados por estos funcionarios, destaca el hecho de que, en la mayor parte de las operaciones «ficticias» de aprovisionamiento, el agente de la guardia civil que firmaba los embarques era José V.B., uno de los seis acusados por esta causa.
Uno de los testigos que ha declarado este martes también ha apuntado que, una vez que se inició la investigación «y se corrió la voz por el puerto de Marín», el porcentaje de solicitudes de aprovisionamiento «bajó mucho».
SISTEMA DE LOS BUQUES NODRIZA
En la jornada de este martes han prestado declaración también los tres guardias civiles acusados, después de que este lunes ya lo hicieran los otros tres procesados, que negaron las irregularidades.
Los agentes han señalado ante el tribunal que todo el tabaco que llegaba en esas operaciones de avituallamiento era embarcado, si bien han admitido que no siempre se comprobaba que el barco en el que entraba la mercancía era el que figuraba en los documentos validados por Aduanas, debido a que eran pocos efectivos y no daban abasto para supervisar todos los embarques.
Además, estos acusados han explicado que, en los casos en los que constataban que los nombres de los barcos no coincidían, daban por hecho que se trataba de mercancía que, posteriormente sería trasvasada a su destino final. Se trataba de un sistema de buques «nodriza» que llevaban el tabaco a otros barcos que se encontraban faenando y que eran los que figuraban en la documentación como solicitantes de las provisiones.
Según sus testimonios, no había constancia por escrito de que se estuviera usando ese sistema (a pesar de que era obligatorio hacerlo constar) porque ellos tenían «confianza» en el comercial de la empresa de avituallamiento, el acusado Juan José T.C., que les informaba «de palabra» que ese tabaco llegaría finalmente al barco que figuraba en la documentación.
En cualquier caso, los agentes acusados han insistido en que esa mercancía siempre fue embarcada y que las furgonetas que la transportaban desde la Zona Franca de Vigo hasta el Puerto de Marín abandonaban la terminal «vacías».
Esta circunstancia no se pudo comprobar, como tampoco se pudo confirmar a dónde fue llevado el tabaco supuestamente desviado ya que, según los propios investigadores han admitido, las cámaras con las que contaba el puerto no controlaban los embarques y la vigilancia era «deficiente».
La Fiscalía pide para los tres guardias civiles 5 años de cárcel, el pago de una multa de 7.560 euros e inhabilitación por 6 años, por el delito de falsedad documental cometido por funcionario público, en relación con un delito continuado de contrabando. Mientras que para los otros tres acusados, solicita 4 años de prisión y multa de 5 millones de euros por falsedad en relación con el delito continuado de contrabando.
También reclama que los acusados indemnicen a Hacienda en unos 1,77 millones por los aranceles e impuestos no satisfechos, teniendo en cuenta que cifra en más de 51.000 los cartones de tabaco apropiados, y valorados en unos 2,2 millones de euros.
