El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXSG) ha estimado el recurso presentado por la Xunta contra la sentencia que dio por buena la anulación, por parte del Ayuntamiento de Vigo, de la licencia urbanística concedida a la administración autonómica en noviembre de 2024 para la construcción de un centro de asociacionismo en los antiguos juzgados de la ciudad olívica.

El alto tribunal gallego revoca así la sentencia de primera instancia y anula esa suspensión de licencia, argumentando que dicha medida adoptada por el Ayuntamiento de Vigo no tiene justificación legal ni se cumplen los requisitos que permitirían dar marcha atrás en la concesión de ese permiso.

En la resolución del TSXG, de fecha 11 de septiembre pasado, se hace un repaso de la cronología de este caso. Así, en febrero de 2024 la Xunta solicitó licencia para la construcción de un centro de asociacionismo en la calle Lalín, en uno de los edificios de los antiguos juzgados (en el otro se construyó el centro de salud Olimpia Valencia).

En julio de 2024, el Ayuntamiento requirió a la Xunta para que aportase nota registral sobre la titularidad del inmueble, pero la administración autonómica respondió señalando que no consta inscripción registral y, por tanto, aportó certificación del inventario de bienes de la Xunta, donde figura el edificio. Semanas después, en noviembre de ese año, la concejal de Urbanismo, María José Caride, otorgó la licencia.

Sin embargo, poco tiempo después, en enero de 2025, el Ayuntamiento anunciaba la suspensión de esa licencia, argumentando que se trataba de una medida temporal, mientras se aclarase la titularidad del inmueble. La Xunta cuestionó la decisión, asegurando que la parcela le fue traspasada por el Gobierno central, que figura inscrita en el Registro de Bienes autonómicos y que el gobierno gallego ha estado pagando el IBI desde entonces.

Según se recoge en la sentencia del TSXG, en 1982 el Ayuntamiento autorizó al Ministerio de Justicia la construcción de los juzgados en la parcela, pero «no consta» ningún procedimiento de cesión o enajenación, constatando, por parte municipal, que «existió complacencia o consentimiento implícito».

En todo caso, señala el Tribunal, el Ayuntamiento tuvo tiempo de valorar la situación de la parcela, y conoció que no figuraba una inscripción registral ya antes de dar la licencia a la Xunta. Pese a tener conocimiento de dicha circunstancia, apunta el TSXG, otorgó el permiso y por tanto, es «cuando menos discutible» que se expresasen dudas sobre la titularidad con la licencia ya concedida.

Por otra parte, señala que las suspensiones de licencias otorgadas solo pueden ser revocadas en determinados supuestos y que, en este caso no se dan. Al respecto, el Tribunal apunta a que no se trató de una defensa del dominio público, sino que se plantearon dudas razonables sobre la titularidad del inmueble.

COMPENSACIÓN

La Xunta adjudicó la obra del Centro de Asociacionismo con una inversión prevista de unos 20 millones. La anulación de la licencia obligó al gobierno gallego a resolver el contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos.

En su día, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, justificó la paralización del proyecto acusando al gobierno gallego de pretender quedarse con una parcela municipal y anunciando que el Ayuntamiento quería ese inmueble para hacer un centro para atender a los vecinos de la zona (aunque nunca presentó el proyecto ni dio más detalles).

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha valorado este martes la decisión del TSXG, que ha dado «la razón» al gobierno autonómico. «La decisión del Ayuntamiento privó a todos los vigueses, sobre todo a las asociaciones, que podían tener allí una sede (…), de una inversión en la ciudad de más de 20 millones de euros, y un local, un espacio en el que poder trabajar», ha recordado.

«Por lo tanto, estamos estudiando la posibilidad de reclamar todos los costes que conllevó esa anulación de licencia por parte del Ayuntamiento que, a parte de privar de esa inversión de 20 millones, también ocasionó unos costes a la Hacienda Pública, por la anulación de un contrato que ya había sido licitado, había sido adjudicado y los costes asociados a ese contrato», ha añadido Diego Calvo.