El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ve que el llamamiento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que la ciudadanía se movilice ante la crisis de la vivienda en España «se descalifica por sí mismo».

Cuestionado por la postura de Sumar, en relación con la problemática de acceso a la vivienda y las negociaciones para sacar adelante un decreto este martes en Consejo de Ministros, el líder de los socialistas gallegos ha dicho que cree que «todos» están «en esa misma dirección», por los miembros del Ejecutivo.

Sin embargo, ha agregado que «hay una declaración relativa a una manifestación contra el Gobierno de una persona miembro del Gobierno que ya se descalifica por sí misma», en alusión a Yolanda Díaz.

En concreto, Díaz ha hecho un llamamiento a movilizarse y ha remarcado que «por supuesto que sí, los derechos no se ganan solo en los despachos».

PIDE AL PP QUE VOTE A FAVOR

En la rueda de prensa, Besteiro ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a tratar de «convencer» al líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, para que el PP «vote favorablemente ese decreto». «Lo contrario significaría que el PP mira para otro lado ante el sufrimiento de mucha gente», ha advertido.

Ante la acampada en la Puerta del Sol tras el desahucio de la mujer de 87 años que llevaba 70 años residiendo en la misma vivienda, el líder de los socialistas gallegos ha avisado de que «Maricarmen vive en Madrid pero su historia podría pasar perfectamente aquí», por Galicia.

Al respecto, ha aportado datos como el de los 36.500 gallegos que han hecho solicitud para acceder a vivienda pública, entre los cuales el 85% dice tener preferencia por el alquiler público, más que acceder a compra.

En los años 2023-24, según sus números, 868 personas «quedaron fuera» del bono de alquiler social, «gente excluida»; y se ha preguntado también «cuántas viviendas tiene disponibles para emergencias la Xunta, cuántas destinó a familias afectadas por desalojo, cuánto esperan de media para acceder a una vivienda pública y a cuántas familias atendieron los servicios sociales».

«Es necesario responder estas preguntas», ha remarcado Besteiro, antes de situar en 78.000 los hogares «donde el coste de la vivienda deja a la familia por debajo del umbral de la pobreza severa». «No son meras cifras», ha avisado.

Según ha afirmado, esta «tendencia» es «creciente desde que empezó el mandato de Rueda» y las competencias en materia de vivienda, según ha subrayado, son de la Xunta, por lo que «tiene herramientas».

A este respecto, ha vuelto a pedir que el Gobierno gallego «declare de oficio zonas tensionadas» y ha evidenciado que con la ley de vivienda estatal «no hay invasión de competencias» en función de lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de la Xunta. «Hay que cumplirla, no hay que ser un insumiso; significa poner en marcha los mecanismos que establece en favor del acceso a la vivienda», ha resaltado.

Por su parte, su «petición» a Rueda es «que convenza a Feijóo» y «traslade el sentimiento de Galicia para que ese decreto que va a salir y va a hacer hincapié en las personas vulnerables se vote afirmativamente por el PP».

Asimismo, ha exigido al titular de la Xunta que «ponga a disposición todos los recursos para las familias que están a punto de perder su vivienda».

Preguntado sobre si este decreto llega tarde, Besteiro ha considerado que la situación se sitúa en «un límite» que no permite «mirar para otro lado». «La tensión es máxima y no se puede usar como arma electoral, hay que ponerse a resolver estos problemas», ha dicho.

Por eso ha esperado que los populares «entren en razón» y voten a favor, pues «es un tema de humanidad».

SIN TIEMPO PARA LA EXPROPIACIÓN

Por último, interrogado sobre la posibilidad de que aprobar una medida como la expropiación forzosa, ha contestado que «no es una figura nueva» pero «hay que motivarla y adecuarla».

Frente a esto, ve «más oportuno» y «más rápida» la actuación a través de otras medidas que está planteando el Gobierno, pues «los procesos de expropiación son largos porque son garantistas y no hay tiempo».

«Es lo que estamos cuestionando a la Xunta, que dice estar construyendo 10.000 viviendas allá para 2030, pero es que no tenemos tiempo», ha terminado.