El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «llevar años beneficiando por acción y por omisión» los intereses económicos de la empresa de la familia del conselleiro de Emprego, José González, y ha vuelto a pedir su cese.

«No puede seguir ni un minuto más al frente de la Consellería», ha sostenido este lunes en rueda de prensa la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, quien ha considerado «impresentable» el «uso partidista» que, a su juicio, hace el PP de las instituciones gallegas «usándolas como si fuesen su finca particular».

En su intervención, Rodil ha criticado que Rueda diese por cerrado un tema del que «tanto él como el PP tienen mucho que explicar». «Le faltó decir chao pescao», ha ironizado.

Rodil ha calificado de «gravísimo» el hecho de que el presidente «despache el asunto» como si «tener inmigrantes ilegales explotados» se tratase de «un simple error administrativo». «Estamos hablando de explotación laboral de seres humanos en la empresa familiar del responsable político de las condiciones de trabajo de miles de personas en este país, también en el sector del vino», ha afirmado.

Rodil ha pedido explicaciones de los motivos por los que el PP lleva más de una década usando la Xunta para beneficiar los intereses económicos del conselleiro de Emprego y su familia. «Lo digo con toda la claridad y rotundidad. Hace más de una década que el Gobierno gallego está permitiendo que hagan negocio con un salón de eventos declarado ilegal e ilegalizable por la justicia y por los propios técnicos de la Xunta», ha afirmado.

El BNG ha señalado que «Casal de Armán construyó un salón de eventos en el año 2015 al lado de una casa parroquial protegida por Patrimonio, que fue declarado ilegal por la justicia y que los técnicos de la Xunta consideraron ilegalizable, por lo que se ordenó su derribo en 2017».

«Hace 9 años que tenían que tirar, y el salón de eventos sigue abierto y haciendo caja» mientras el Gobierno de Rueda «hizo la vista gorda, dilató hasta la saciedad los procedimientos administrativos», entrando en contradicción consigo misma la Secretaría Xeral de Cultura para no exigir el derribo», ha asegurado.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que José González «fuese miembro del accionariado de este empresa hasta 2018, un año antes de que el PP instalase el Museo del Viño de Galicia al pie de la casa, en la puerta de la bodega».

«¿Qué pensará el resto del sector del vino de este país, con cinco denominaciones de origen, del trato de favor que recibe Casal de Armán?», ha preguntado la diputada del BNG, que ha cuestionado si el Gobierno de la Xunta actuaría «del mismo modo» si no fuese la empresa familiar de «uno de los suyos». «¿Hay una ley para las empresas del PP y otra para el resto de los mortales?», se ha preguntado.

Rodil ha asegurado «no sorprenderse lo más mínimo de esa pasividad y actitud por parte de Rueda» y ha sostenido que el PP deja cada día más claro que los únicos trabajadores que le gustan son los «ilegales» porque «pueden explotarlos».

Así, después de que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, abogase también por un plan para controlar las bajas, ha asegurado que lo que quiere el PP es que se vaya a «trabajar enfermo, sin contrato y, si es posible, como en la bodega de la familia del conselleiro, sin papeles». «El combo perfecto: la política del PP es devolvernos al esclavismo», ha manifestado.