La Coordinadora Galega PIA NON!, que engloba a una decena de colectivos de afectados por proyectos de la Xunta para crear suelo residencial en el que construir vivienda, se han unido con el objetivo de exigir la paralización «inmediata» de estas iniciativas «mientras no exista un debate público y transparente sobre este modelo».

En la que ha sido la primera toma de contacto en persona de muchos de sus integrantes, varios portavoces de la coordinadora han leído un manifiesto en contra de la «especulación urbanística» y en rechazo de los proyectos de interés autonómico (PIA) con los que la Xunta impulsa este suelo residencial para construir vivienda. Rechazan la expropiación y critican, además, los bajos precios por los que está previsto que se realice.

«Ellos solo ven suelo donde nosotros vemos vida», han denunciado integrantes de asociaciones de afectados de zonas como Mallou, Lavacolla, Monte Mero, Ofimático y Lavadores. Entre otras alternativas a estos desarrollos, han destacado la rehabilitación y la movilización de vivienda vacía.

Los afectados se han dado cita en el centro sociocultural Casa Agraria de Santiago, en Meixonfrío, y allí han señalado, a preguntas de la prensa, que están preparando una manifestación en Santiago que se hará «en breve», pero para la que falta «consensuar» los pormenores.

El comunicado que han leído también denuncia la «ausencia de verdadera planificación» y se pregunta «en quién va a recaer el beneficio económico» de estos proyectos.

«AFECTA AL MODELO»

La finalidad última de este acto ha sido lanzar un «mensaje de unidad» ya que, según advierten, «esto no afecta solo a un árbol, una aldea, un ayuntamiento o una provincia: afecta al modelo territorial de Galicia».

En este sentido, aseguran que «nadie se podrá sentir seguro mientras un gobierno autonómico esté convirtiendo una herramienta excepcional en norma» y «enmascarando un negocio urbanístico tras la supuesta necesidad de vivienda».

«El progreso no debe medirse por el número de viviendas, sino por el número de personas que puedan seguir viviendo dignamente donde decidieron construir su proyecto de vida», han remarcado los portavoces de la coordinadora, antes de recibir una sonora ovación.

En la actualidad, según indican, los PIA residenciales son 14 y la coordinadora cifra en 2,5 millones de metros cuadrados la superficie a expropiar. En cuanto al total de afectados, indican que es «complicado» dar un dato, puesto que hay casos de viviendas en las que residen varias familias, pero hablan de varios centenares.

Asimismo, han denunciado las «trabas» en el caso de que los afectados por expropiaciones quieran participar en los desarrollos, con costes de urbanización que lo hacen «inviable» y «el agravante de la incertidumbre».