Las alcaldesas de Santiago y A Coruña, Goretti Sanmartín e Inés Rey, han sumado sus voces para denunciar el «boicot» de la Xunta de Galicia y exigir que «cumpla la ley» y transfiera a ambos ayuntamientos los fondos estatales de vivienda para zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT).

Tras mantener una reunión este viernes en el Pazo de Raxoi, en la capital gallega, ambas regidoras se han dirigido a los medios de comunicación para trasladar los aspectos abordados en una primera cita, que, han asegurado, vendrá seguida de otros encuentros.

La reunión de trabajo ha tenido lugar tras un cruce de declaraciones entre la Administración autonómica y las Autoridades locales, tras el anuncio de 5’3 millones de euros del Ministerio de Vivienda para las zonas de mercado residencial tensionado. A raíz de ello, la conselleira del ramo, María Martínez Allegue, indicó que no entienden que estos fondos tengan que ser solamente para las ciudades que hayan solicitado la declaración de zona tensionada.

En este contexto, Goretti Sanmartín ha comenzado las intervenciones recordando que a diferencia de los Gobiernos de otras Comunidades Autonónomas, la Xunta «no se implicó» en la declaración de ZMRT y «puso palos en las ruedas» a los municipios a la hora de conseguirla.

«En el momento que hay una ayuda económica por parte del Ministerio de Vivienda parece que ahora si le interesa y mismo sugieren que ese dinero no vaya solamente para Santiago y A Coruña», ha criticado, insistiendo que esos fondos deben destinarse a poner en marcha las medidas de los planes correctores, realizados por los organismos municipales.

En este sentido, la mandataria coruñesa ha enfatizado que la vivienda «es un derecho y no un bien especulativo» y se debe garantizar a la ciudadanía. Así, ha puesto en valor «los frutos» de la declaración de ZMRT en la ciudad herculina, aunque lamenta, «son muchos menos de los que les gustaría por el boicot permanente de la Xunta».

«Para que las ZMRT funcionen, tienen que tener colaboración de los gobiernos autonómicos y en el caso de Galicia no la tenemos (…) Ya no hablamos de intentar extender esas zonas a los cinturones metropolitanos porque eso ya es una absoluta quimera, pero desde luego exigimos máxima colaboración y cumplimiento de la ley», ha reclamado.

En este sentido, Goretti Sanmartín ha solicitado al Ejecutivo autonómico que «haga cumplir la normativa» al tener capacidad sancionadora. «No puede ser que los ayuntamientos trabajen y que la Xunta se cruce de brazos y diga que con ella no va», ha remarcado.

Ante este escenario, ambas regidoras han consensuado la creación de un grupo de trabajo para poder «sumar fuerzas y recursos» y contar con un «mayor conocimiento» en este ámbito de las ciudades afectadas por la declaración. A mayores, ambos concejales de Urbanismo participarán en las mesas sectoriales de vivienda.

PIDEN AL GOBIERNO CENTRAL CONTROL EN LA ENTREGA

Con respecto a la transferencia de fondos, las alcaldesas han solicitado al Gobierno central que el Real Decreto estipule de forma «rigurosa» cómo se va a hacer y que controle la entrega «inmediata» de las cuantías correspondientes a los ayuntamientos para que ellos puedan determinar los proyectos determinados a los que se destinan.

«El papel de la Xunta es facilísimo. Es muchísimo más fácil que ejercer las competencias de vivienda. El papel de la Xunta consiste en recibir los fondos y, al día siguiente, transferir el porcentaje a los ayuntamientos que se establezca en el Real Decreto», ha sintetizado Rey.

En esta línea, han solicitado al Gobierno gallego que «cumpla la ley» y «cumpla el artículo 47 de la Constitución», –que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada–.

«No quiero ser mal pensada porque no lo soy, porque claro, a mi se me ocurre que la Xunta está boicoteando esto para que fracasen estas medidas y por lo tanto fracasen las alcaldesas», ha apuntado la mandataria coruñesa.

Con todo, ambas alcaldesas han concluido su intervención resumiendo el encuentro como un ejemplo de «política útil» entre dos fuerzas políticas diferentes y han vuelto a tender la mano a la Xunta con el objetivo común de «mejorar la vida de los ciudadanos y buscar soluciones».