La Organización De Productores De Mexillon De Galicia (Opmega) reclama que la Xunta defienda ante Bruselas el valor ambiental de las bateas de cara a la negociación del marco financiero europeo 2028-2034 y de la reforma de la Política Pesquera Común (PCP).

De tal forma, la organización de mejilloneros gallegos pide que el estudio del IIM-CSIC sobre los servicios ecosistémicos del cultivo de mejillón forme parte de los argumentos de Galicia en sus reivindicaciones antes Bruselas.

Asimismo, pide que esa valoración se incorpore al estudio sobre la capacidad de carga de las rías que la Xunta encargó a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y que finaliza este año.

La Xunta reclama la necesidad de garantizar, al menos, 7.290 millones de euros para pesca y acuicultura en el periodo 2028-2034.

«Estamos de acuerdo con la conselleira en que a Bruselas hay que ir unidos. Lo que pedimos es que se lleve el mejor argumento que tenemos, y ahora mismo es este: las bateas no solo producen mejillón, cuidan las rías, y eso ya no es una opinión del sector, está medido por el CSIC», señala el presidente de Opmega, Ricardo Herbón.

ESTUDIO

El estudio al que se refiere la organización, ‘El cultivo de mejillón, una actividad sostenible. Valoración de los servicios ecosistémicos proporcionados por el cultivo de mejillón de Opmega’;, fue elaborado por el investigador X. Antón Á. Salgado, del IIM-CSIC, y por la consultora Ana Vila, de Inxenia, con la colaboración de J. Severino P. Ibánhez y Nicolás Villacieros Robineau.

Forma parte del plan operativo de la organización y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea. Es el primer trabajo que mide de forma integral los beneficios que generan las bateas más allá de la producción de alimento, a través de cuatro categorías de servicios ecosistémicos: provisión, regulación, soporte y culturales.

Entre sus conclusiones figuran la baja huella de carbono del mejillón frente a otras fuentes de proteína animal, la contribución de las bateas a la calidad del agua mediante la filtración y la retención de nutrientes, el aprovechamiento de la concha en sectores como la agricultura o la construcción y su papel como reserva alcalina frente a la acidificación oceánica, además de su efecto protector sobre la línea de costa y del peso de la actividad en la cultura marinera de las Rías Baixas.

Por otra parte, Opmega también se queja de la entrada en el mercado europeo de mejillón importado que no está sujeto a las mismas normas arancelarias. La organización sostiene que la entrada de producto sin aranceles perjudica gravemente al mejillón gallego y a las industrias que apuestan exclusivamente por este producto.

REVISIÓN DE POLÍTICA PESQUERA

Mientras, el Parlamento Europeo reclamó esta semana una revisión de la Política Pesquera Común para adaptar sus reglas a las distintas características de la flota europea, incluida la artesanal, y dar mayor peso a factores económicos y sociales en la gestión del sector, al tiempo que ha pedido condiciones equivalentes para los productos importados, que representan el 80% de los consumidos en la Unión Europea.

En una resolución aprobada con 476 votos a favor, 92 en contra y 44 abstenciones, la Eurocámara plantea que los Estados miembro tengan en cuenta las características de los distintos segmentos de embarcaciones a la hora de distribuir las posibilidades de captura y no se limiten a criterios medioambientales o al historial de actividad.

Los parlamentarios abogan además por incentivar el uso de artes más selectivas y técnicas que reduzcan el consumo energético o el impacto sobre los hábitats, dentro de una aplicación de la política pesquera que, a su juicio, debe atender de forma equilibrada a sus tres dimensiones de sostenibilidad.

En paralelo, el pleno ha pedido avanzar hacia una mayor reciprocidad con los productos procedentes de terceros países mediante la introducción de «medidas espejo» en los acuerdos comerciales de la UE, con el objetivo de evitar que los operadores comunitarios compitan con mercancías sometidas a requisitos diferentes.

La resolución reclama igualmente reforzar la información al consumidor ante las diferencias existentes entre las normas de etiquetado europeas y las aplicadas fuera del bloque, distinguiendo de forma clara entre alimentos salvajes y de acuicultura, así como entre aquellos de origen marino y las alternativas vegetales.

En este sentido, los eurodiputados plantean prohibir que se utilice la denominación comercial de una especie acuática en artículos que no contengan ningún rastro de ella e incluir, cuando sea posible, datos nutricionales como el contenido en Omega-3.