La polémica por la actualización de las tarifas de las residencias de la red provincial de Lugo ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y el gobierno de la Diputación este jueves.

Mientras los populares anuncian una estrategia conjunta con los municipios para exigir la retirada del incremento de precios, gobierno provincial sostiene que el PP difunde datos «confusos» y asegura que la mayoría de los usuarios no afrontará subidas de esa magnitud.

Los diputados del Grupo Provincial Popular ha mantenido una reunión con representantes de los municipios lucenses que cuentan con residencias de titularidad provincial para coordinar una respuesta común ante el nuevo cuadro tarifario aprobado por PSOE y BNG.

El portavoz del PP en la Diputación, Antonio Ameijide, ha afirmado que estudiarán «todas las acciones posibles» junto a ayuntamientos, usuarios y familias para reclamar una revisión inmediata de las tarifas.

Según el PP, la actualización supone un incremento de alrededor del 60% en los precios máximos, con plazas para personas autónomas que pasarían de 1.080 a 1.750 euros mensuales y para usuarios dependientes de 1.390 a 2.200 euros.

Ameijide ha calificado estas cantidades de «inasumibles» para muchas familias en una provincia con una población muy envejecida y unas de las pensiones más bajas de Galicia.

LA DIPUTACIÓN REBATE LAS CIFRAS

Horas después, el gobierno provincial ha respondido con un comunicado en el que rechaza que exista una subida generalizada del 60% y acusa al PP de generar una «confusión interesada» sobre el funcionamiento del sistema tarifario.

La Diputación recuerda que las tarifas se han actualizado por primera vez en ocho años y que el precio que paga cada residente depende de su capacidad económica, calculada en función de la pensión y el patrimonio líquido, excluyendo los primeros 10.000 euros de ahorro y otros bienes como viviendas o fincas.

Según los datos facilitados por la institución, el coste efectivo de una plaza asciende a 2.358 euros mensuales, aunque ningún usuario abona el importe completo. Además, asegura que de las aproximadamente 400 personas alojadas en los nueve centros provinciales, el 25% verá incrementada su cuota en menos de 60 euros al mes y el 50% en menos de 200 euros.

La respuesta del gobierno provincial también amplía el foco del debate al modelo de atención residencial en Galicia. El diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, ha cuestionado el plan de nuevas residencias presentado recientemente por la Xunta y ha defendido que la red de la Diputación mantiene un modelo de propiedad, gestión y dirección completamente públicas, «frente al mayor peso de las plazas concertadas previsto en la planificación autonómica».