El Congreso ha convalidado este miércoles el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales que crea la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema para los trabajadores que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad como consecuencia de estos siniestros. Lo ha hecho con 312 votos a favor, 30 en contra –los de Vox– y una abstención.

La principal novedad del decreto es la creación de esta prestación extraordinaria, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de naturaleza contributiva, para las personas que no puedan desarrollar su trabajo por causas directamente relacionadas con los incendios.

En concreto, podrán acceder a esta ayuda quienes no puedan llegar a su vivienda por evacuaciones o restricciones acordadas por las autoridades, cuando ello les impida recuperar los bienes indispensables para acudir al trabajo y siempre que no sea posible realizar su actividad a distancia; deban realizar tareas de limpieza, traslado, recuperación de enseres o reacondicionamiento de su domicilio, así como trámites administrativos presenciales derivados de la emergencia.

A su vez, también se podrán acoger a él quienes tengan que atender responsabilidades de cuidado de su cónyuge, pareja de hecho, familiares u otras personas convivientes afectadas, incluidos los casos derivados del cierre de centros educativos u otros servicios.

La prestación tendrá carácter excepcional, ya que no exigirá un periodo mínimo de cotización, equivaldrá al 70% de la base reguladora, podrá percibirse durante un máximo de cuatro meses y no consumirá las cotizaciones acumuladas para futuras prestaciones por desempleo. La ayuda nacerá desde la fecha efectiva de la suspensión del contrato.

Durante el debate, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recalcado que esta norma «paliará la consecuencias de los incendios de este verano», pero que también constituye un paso contra «dos de las grandes emergencias de nuestro tiempo»: la emergencia climática y el negacionismo de este fenómeno.

«No estamos hablando de respuestas coyunturales ni de medidas improvisadas para afrontar emergencias aisladas. Estamos construyendo un verdadero derecho del trabajo verde, un derecho que no niega el cambio climático, que reconoce la profunda alteración que está experimentando nuestro clima y que incorpora la obligación de proteger a las personas trabajadoras frente a sus consecuencias», ha recalcado.

EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA «ENCUBRIR RESPONSABILIDADES»

Por otro lado, el portavoz de Vox, Juan José Aizcorbe, ha recriminado el uso del cambio climático como «el comodín» con el que a su juicio el Gobierno pretende «encubrir cualquier responsabilidad».

«Cuando las familias ya han sido evacuadas y muchos autónomos han perdido su actividad, el Gobierno aparece con unas ayudas. Algunas podrían ser razonables, pero una venda alivia al herido, jamás absuelve a quien permitió la herida. Utilizarlas para imponer el relato exculpatorio del Gobierno convierte a las víctimas en la ruin coartada parlamentaria de los negligentes», ha recalcado.

Además, la portavoz del PP, María Eugenia Carballedo, ha hecho hincapié en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez «no acaba de entender es que el mundo rural, sus gentes, su forma de vida no es el problema, es la solución».

«¿En serio, esto es todo lo que Sánchez ofrece a los autónomos, trabajadores y empresas que están devastadas por el fuego? Ustedes protegen al trabajador durante la emergencia. Muy bien, lo apoyamos. ¿Y luego qué? ¿Qué medidas ofrecen para reactivar la actividad que ha destruido el fuego?», ha cuestionado.